El Gobierno federal publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación la reforma energética que devuelve a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el carácter de empresas públicas del Estado mexicano.
La reforma modificará el enfoque y estructura interna de las empresas estatales, enfatizando su papel de servicio público. Este cambio podría fortalecer la misión social y de servicio universal de CFE, en particular, enfocándose en la accesibilidad y la continuidad del suministro eléctrico, mientras que PEMEX podría ajustar sus operaciones bajo un esquema menos orientado al lucro y más hacia la autosuficiencia energética, señala un análisis de la firma Qua Energy.
Además, la CFE tendrá ahora mayor prevalencia sobre empresas privadas en la industria eléctrica (54% de la generación eléctrica), lo cual podría impactar a los generadores independientes, priorizando las necesidades nacionales en la planeación del sistema eléctrico.
Con la reforma también se agregan áreas clave como la electricidad, internet y litio en el listado de actividades exclusivas del Estado (sin ser considerados como monopolios), con un enfoque en asegurar la soberanía y seguridad energética. El litio, en particular, al estar restringido a concesiones, resalta el interés en esta materia prima para la transición energética.
El texto aprobado por el Congreso de la Unión pone énfasis en el servicio al menor costo y sin fines de lucro, buscando maximizar el acceso y la asequibilidad. La provisión de internet, incluida ahora en el esquema estratégico, también apunta a la inclusión digital en un mundo cada vez más interconectado.
Aunque la transición energética no se enmarca explícitamente en la Constitución, la legislación secundaria será clave para definir su implementación. El periodo de 180 días otorgado al Congreso para llevar a cabo las adecuaciones necesarias a las leyes secundarias, abre una ventana para ajustar y especificar los cambios en la práctica, indica la consultoría.
Este decreto plantea un retorno a un modelo energético centrado en el Estado, donde la sostenibilidad social y el acceso universal son fundamentales, añade.
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