La reforma energética que aprobó la Cámara de Diputados ayer por la noche, limita las posibilidades de inversión privada en el sector y demuestra que el Gobierno mexicano no está comprometido con el respeto al estado de derecho, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“La reforma envía un mensaje de incertidumbre jurídica que no solo se limitaría a las inversiones directamente afectadas, sino que se reflejaría en toda la economía nacional como un mensaje de que el Estado mexicano no tiene un compromiso creíble con el Estado de derecho”, destaca el organismo.
La reforma regresa a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX) a la figura de empresas públicas del Estado, y les asigna prevalencia por encima de las empresas privadas, entre otros cambios; el dictamen fue turnado al Senado para su análisis y posible aprobación.
El IMCO señala que al desincentivar la entrada de nuevos jugadores en el mercado de generación eléctrica, se eliminan los incentivos a la eficiencia que reducen los costos eléctricos.
“Este riesgo se agudiza en un entorno de relativa poca inversión en generación eléctrica. Mientras que entre 2013 y 2018 se autorizaron 54.5 mil millones de dólares en inversiones en generación, entre 2019 y 2024 únicamente se autorizaron 13.4 mil millones de dólares”, destaca.
Explica que favorecer a la CFE por criterios políticos tendría un impacto negativo en la transición energética al reducir y desincentivar las posibilidades de inversión privada en energías renovables.
Además, el limitar los mecanismos de inversión privada existentes en la transmisión y distribución eléctrica (asociaciones público-privadas o instrumentos financieros como los CKD, Cerpi o Fibra E) obligaría a la CFE a incurrir en la totalidad del gasto de capital necesario para expandir y modernizar la infraestructura de redes.
Esto cobra especial relevancia si se considera la subinversión que ha padecido en particular la Red Nacional de Transmisión, por lo menos, la última década, indica.
Menciona que eliminar el mandato de Pemex y la CFE de crear valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario para transitar hacia el carácter de empresa pública sin fines de lucro, permite que la empresa opere con pérdidas y cause un daño a la hacienda pública.
En el contexto actual, el Gobierno Federal debe mandar un mensaje de compromiso con el Estado de derecho y la certidumbre jurídica. En caso de aprobarse, el Poder Legislativo deberá ser especialmente cuidadoso de que la redacción plasmada en la legislación secundaria mitigue en la medida de lo posible estos riesgos para que el objetivo de fortalecer a las empresas públicas no vaya en detrimento de las posibilidades del país para generar, atraer y retener inversiones y talento, añade el IMCO.
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