La necesidad de una transición energética justa se basa en la urgente necesidad de enfrentar tanto los desafíos ambientales como las desigualdades sociales que derivan de la transformación del sector energético, en un contexto donde también se debe avanzar rápidamente para mantener el calentamiento global por debajo de 1.5°C para el año 2050.
Alcanzar este hito es crucial para México, pero enfrenta desafíos significativos. Si bien se busca desconcentrar, descentralizar y democratizar el sistema energético, la realidad muestra un escenario donde las asimetrías norte-sur y el dominio de grandes capitales persisten, limitando la democratización energética.
La experiencia internacional presenta caminos divergentes, como es el caso de países como Alemania, que ha adoptado un enfoque significativo en la reducción y eliminación del uso del carbón en la generación de energía. Esta transición se considera exitosa debido a la implementación de políticas públicas adaptadas a las necesidades y realidades locales, abordando ejes esenciales: la diversificación económica, el apoyo laboral, bienestar social y ambiental.
Por otro lado, en España, la transición energética se lleva a cabo de manera desigual, perpetuando los monopolios en el sector. Empresas como Iberdrola do minan la generación de energía renovable, lo que pone en riesgo la democratización del acceso a la energía. Además, el país ha experimentado una serie de aumentos en las tarifas eléctricas, lo que agrava la situación para los consumidores y pone en evidencia la necesidad de una reforma más equitativa y justa en el sector energético.
Esta desigualdad en la transición energética amenaza con concentrar aún más el poder en manos de unas pocas empresas grandes, lo que podría limitar la competencia y la innovación.
En México, el sector de hidrocarburos ha tenido un papel relevante en la economía durante muchos años. En especial, la industria petrolera ha sido tradicionalmente un motor clave para el desarrollo económico del país. Por lo que, en México la transición energética debe significar más que la sustitución de fuentes de energía. Debe ser un paso hacia una sociedad comunitaria y autónoma, donde las energías renovables se integren en redes inteligentes para promover el autoconsumo y la generación distribuida.
La matriz de generación eléctrica debe enfocarse en fuentes con baja huella de carbono, aprovechando la rica diversidad geográfica y climática de México. Esto implica impulsar el desarrollo de energías renovables como la solar, la eólica, el hidrógeno verde, etc. Este enfoque no sólo contribuiría a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también fortalecería la seguridad energética, generaría empleo y promovería el desarrollo sostenible en comunidades locales.
La pregunta crucial es si es posible lograr un sistema energético más equitativo, menos concentrado, más democrático y menos contaminante en México. Esto implica abordar no sólo la distribución injusta de riquezas y el acceso desigual a la energía, sino también repensar las políticas públicas, los modelos de negocio, así como la relación entre energía y desarrollo económico.
Desde el punto de vista político, México ha asumido compromisos internacionales, como el Acuerdo de París de 2015, en el que se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a incrementar la participación de energías renovables. A nivel interno, el país ha implementado diversas políticas públicas para orientar la transición energética. La Ley General de Cambio Climático (LGCC) de 2012 establece metas para la reducción de gases de efecto invernadero. La Ley de Transición Energética (LTE) de 2015 fija objetivos para la participación de energías renovables, con una meta de generación del 35% para 2024. Además, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 destaca la necesidad de un cambio en la política energética hacia un desarrollo sostenible. Estas iniciativas reflejan el compromiso del país con la promoción de una matriz energética más limpia y eficiente.
No obstante, en la implementación de diversos proyectos, programas y políticas de energías renovables en México se han identificado debilidades en el proceso. Se han documentado numerosos conflictos relacionados con estos proyectos, particularmente en los sectores eólicos y solares. Ejemplos incluyen los conflictos socioambientales y el desplazamiento de población ocasionados por los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, así como la violación del derecho de consulta indígena establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta situación subraya la urgente necesidad de abordar estos desafíos de manera integral para asegurar una transición energética justa y sostenible.
Una transición energética que no tenga en cuenta la justicia social y económica podría agravar las desigualdades, incrementar la pobreza y generar tensiones en comunidades y sectores específicos.
La transición energética debe centrarse en el beneficio de la población, en lugar de favorecer únicamente al sector privado. Es responsabilidad del Gobierno mexicano, establecer las bases necesarias para que esta transición justa se convierta en una realidad.
En conclusión, la transición energética en México enfrenta un panorama complejo que requiere una atención cuidadosa a diversos factores. La urgencia de enfrentar los desafíos ambientales y sociales demanda una transición que no sólo se enfoque en la sustitución de fuentes de energía, sino también en la promoción de la justicia social y económica.
