Las cúpulas empresariales del país reprobaron la intervención armada del Estado sobre algunos tramos de las vías férreas de la empresa Ferrosur, propiedad de Grupo México, y que transporta combustibles, entre otras mercancías.
“Es de extrema preocupación para el país el clima de reiterada violación a la legalidad y al orden constitucional”, indicó la Coparmex en un posicionamiento.
Indicó que la señal que envía el gobierno de México al exterior es muy alarmante y puede propiciar un daño irreparable a la certidumbre jurídica y a la confianza para la inversión; sobre todo, frente a una oportunidad única como lo es el nearshoring.
Explicó que La Ley de Expropiaciones establece un procedimiento claro que debe acatarse en cuanto a la emisión de una declaratoria, a la notificación a los afectados y garantías para su derecho de audiencia.
“No obstante, la acción de la autoridad debe ser revisada para determinar si se apegó a la legalidad y evitar así una arbitrariedad”, señaló la confederación.
Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su preocupación por el Decreto publicado el pasado viernes 19 de mayo de 2023, que declara de utilidad pública diversas actividades ferroviarias que estaban concesionadas al sector privado en la zona del Istmo, y que pasarán ahora a favor de la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
“Más allá de la controvertida legalidad de dicho Decreto, los empresarios externamos nuestra profunda inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos, en un momento de grandes oportunidades”, manifestó el CCE.
Consideró necesario que se procuren condiciones de plena certeza jurídica para seguir fortaleciendo el interés de empresarios mexicanos y extranjeros por invertir en los grandes proyectos nacionales, detonantes de dinamismo, bienestar y empleo.
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