La compra de 13 plantas de generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Iberdrola no nacionaliza a la industria energética debido a que no queda clara la participación del Gobierno Federal, señaló Juan Carlos Machorro, abogado líder de práctica transaccional de Santamarina y Steta.
“Tampoco queda claro cuál sería el beneficio para el país al adquirir estos activos, más allá de abonar al discurso ideológico, y por cierto equivocado, de una nueva nacionalización del sector. Más bien se trata de una desinversión, que agrava la franca caída de inversiones en el sector”, señaló.
Agregó que la empresa productiva del Estado no es propietaria de los activos, sino que solo se dedicará a operarlos, lo cual es contraria a la aseveración del presidente de la República que dicha compra representa una ‘nueva nacionalización’.
Cuestionó el mensaje de las autoridades federales pues quizá buscan promover un discurso de que el sector se está estatizando, mismo que violaría los principios constitucionales sobre tratados y acuerdos comerciales.
“No hay nada que celebrar cuando una empresa desinvierte como resultado de un hostigamiento desde el gobierno en un sector que se encuentra abierto a la participación del sector privado y cuyos derechos adquiridos e inversiones deben respetarse a cabalidad en un Estado de Derecho”, añadió.
Machorro añadió que esta medida no abona a las consultas abiertas sobre el T-MEC, ya que pone en tela de juicio la sensatez del uso de los recursos públicos. En tanto, comentó que el país se encamina a un déficit de generación eléctrica en 2025 puesto que la demanda superará la capacidad de generación, por lo que esta inversión ‘no hace absolutamente ningún sentido’ cuando es prioritaria la instalación de nuevas plantas de generación.
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