La disputa entre México, Canadá y Estados Unidos por el incumplimiento del T-MEC en energía tiene altas posibilidades de escalar hacia la etapa de paneles de discusión, ante las nulas expectativas de que se logren acuerdos en el periodo de consultas, dijo Gabriela Álvarez, presidenta del Comité de Arbitraje de Inversión de la International Chamber of Commerce (ICC) México.
“Para que una controversia se resuelva se necesita voluntad política, y en la mayor parte de los casos no se llega a un acuerdo en el periodo de consultas y se pasa a la etapa de paneles”, dijo la experta en entrevista con Energy21.
Esta semana, las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores iniciarán el acercamiento con representantes de Estados Unidos y Canadá, para comenzar el diálogo.
Sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que será hasta el 16 de septiembre cuando fijará la postura oficial de México, en medio del tradicional desfile militar.
Si México contesta en septiembre estaría dentro del periodo de 75 días que marca la fase de consultas, pero quedaría menos tiempo para lograr una conciliación dentro de esta parte del proceso, dijo Álvarez.
“Se hace menos posible que se puedan aprovechar los 75 días para lograr un acuerdo, y lo más probable es que se integre el panel”, sostuvo.
Las cúpulas empresariales mexicanas han externado su preocupación porque el conflicto escale hacia la etapa de los paneles, y pidieron que se alcancen acuerdos dentro del plazo de consultas.
Álvarez opinó que esta controversia representa un área de oportunidad para evitar una disputa comercial de grandes proporciones con nuestro principal socio comercial.
“De esta relación dependen millones de empleos y casi el 80 por ciento de nuestras exportaciones”, expresó.
Soberanía energética
Por otro lado, la experta de ICC opinó que la soberanía energética de México no está en juego dentro de esta disputa comercial, pues los reclamos de Estados Unidos y Canadá se centran en el trato preferencial que da el Gobierno federal a Pemex y a la CFE.
López Obrador ha justificado su política energética bajo el argumento de protección de la soberanía, para revertir un supuesto daño provocado por la reforma energética de 2013 y que generó un entorno propicio para la corrupción, por parte de empresas privadas.
“El panel que potencialmente se integraría va a decidir si en el ejercicio de su soberanía, México está respetando las reglas del tratado”, explicó Álvarez.
“Los argumentos de corrupción hay que probarlos y es difícil; no vemos que haya ejemplos de investigaciones públicas contra ciertos jugadores de la industria. Si se presenta una acusación de ese tipo se debe hacer con pruebas, si no se pierde credibilidad”, abundó.
La especialista consideró que este conflicto podría provocar que se desincentive aún más la atracción de inversiones hacia México en el sector energético, e incluso que se registre una eventual fuga de capitales.
“Es una industria que requiere mucho capital y se debería pensar que los jugadores que están en el mercado pueden ser más aliados y socios comerciales, que enemigos”, añadió Álvarez.
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