La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado incertidumbre. Al desasosiego que ya prevalecía como consecuencia de una política energética que favorece a las empresas públicas de energía frente a las inversiones privadas, se sumó una propuesta legislativa que plantea, entre otras cosas, limitar la expansión de tecnologías renovables en la generación eléctrica.
Fue, en este contexto, que el Congreso decidió abrir espacios de interlocución con los interesados a fin de que se pudieran procesar las inquietudes que prevalecen entorno a la iniciativa constitucional del Ejecutivo. Tal fue el objetivo del Parlamento Abierto que inició a mediados de enero.
En este tenor, la Cámara de Diputados decidió ampliar hasta el 28 de febrero este ejercicio participativo, originalmente planeado para concluir el 15 de febrero. El Parlamento Abierto se modificó para tratar, en seis foros más, temas tan disonantes como la transición energética y la pluralidad política en el debate de la reforma.
La razón expuesta en la Cámara baja para justificar esta decisión tiene que ver con el deseo de que los dueños de las empresas privadas de generación eléctrica expongan su opinión sobre la iniciativa que presentó López Obrador. Las y los diputados consideran que los propietarios de las sociedades de autoabastecimiento, así como los productores independientes de energía, deben participar activamente en el debate de la reforma eléctrica dada la importancia que sus intereses tienen en esta discusión.
Para la sociedad, no obstante, la razón de los diputados para extender el espacio de análisis público no resulta convincente, sobre todo cuando entre los ciudadanos impera la percepción de que las discusiones han resultado poco útiles. Hasta el momento, lo único que hemos presenciado es un diálogo de sordos donde los argumentos políticos desnudan las limitaciones de los defensores y donde los datos que ofrecen los opositores pierden fuerza por falta de contextualización.
Ante esta realidad, no resulta descabellado pensar que atrás de la decisión tomada en la Cámara de Diputados está la visita de funcionarios de la administración Biden-Harris a México. En tal respecto, ha sido notoria la forma en que las preocupaciones expresadas tanto por la secretaría de Energía, Jennifer Granholm, como por el enviado Especial, John Kerry, con relación al impacto que la reforma eléctrica puede tener en las inversiones estadounidenses, han llevado a que el gobierno mexicano cambie la forma en que aborda este tema.
No solo se trata del compromiso del gobierno de México de revisar caso por caso las inversiones de Estados Unidos en el sector energético nacional para evitar afectaciones a las empresas estadounidenses, ni tampoco del acuerdo para crear un grupo de trabajo bilateral que impulse las energías renovables en la región de Norteamérica. Se trata, sobre todo, del viraje en el discurso del presidente López Obrador, que en últimas fechas ha abierto la posibilidad de negociar el contenido de su propuesta de reforma eléctrica.
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