El próximo año se perfila como el más importante para el sexenio actual en el sector energético con retos que marcarán el curso del resto de la administración, como la construcción de la nueva legislación, las reglas para la participación de empresas privadas, y el camino hacia la revisión del T-MEC en donde el tema energético podría complicar las negociaciones, coincidieron especialistas.
“El tema de la reglamentación es yo creo el más importante porque tiene que ver con las leyes secundarias que se derivarán de las reformas recientemente aprobadas. En la reforma de 2013 se modificaron 21 leyes y 25 reglamentos, y ahora el reto monumental es volver a adaptar todo ese entramado”, opinó Arturo Carranza, director de Proyectos de Energía de Akza Advisors.
En este año se aprobaron dos reformas constitucionales que son trascendentales para el sector. En primer lugar está la reforma que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y que devuelve a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el carácter de Empresas Públicas del Estado, tras 10 años de ser Empresas Productivas del Estado.
Además, establece que en ningún caso las empresas privadas prevalecerán sobre la CFE en diversas actividades de la industria eléctrica. Y que, en el caso del litio, no se otorgarán concesiones a los privados.
También se señala que la CFE deberá proveer electricidad al menor precio posible evitando el lucro para garantizar la seguridad nacional y la soberanía, y que la empresa eléctrica estatal tendrá una participación de 54% en generación de electricidad y 46% para el sector privado.
La otra reforma trascendental es la que desaparece a 7 organismos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los cuáles migrarán sus funciones hacia la Secretaría de Energía (SENER).
Otros organismos que desaparecen con esa reforma son la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) que pasará a formar parte de la Secretaría de Economía (SE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que se traslada hacia la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sus funciones recaerán en la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, en los Órganos de control de los Organismos Autónomos y de las contralorías del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias.
Las funciones del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) serán atendidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP); y las del Consejo Nacional de la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL) serán ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“Con esta reforma se retoma por el Estado algo que nunca se debió de haber perdido”, afirmó la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.
Argumentó que, con la reforma del 2013, CFE y Pemex se convirtieron en empresas productivas que competían entre sí, por lo que sus recursos que son parte fundamental de la soberanía nacional y energética del país fueron una mercancía, y con la iniciativa aprobada en este 2024 ambas empresas regresan a ser de Empresas Públicas del Estado, con lo que se les da prevalencia para la continuidad, seguridad y accesibilidad de los mexicanos a sus servicios.
Preocupación
El cambio en el modelo regulatorio del sector energético despertó la preocupación en diversos actores tanto de la academia como el sector empresarial, por la señal de incertidumbre que genera.
“La insistencia en desaparecer los órganos autónomos e independientes para redirigir sus responsabilidades a las secretarías de Estado solo limitará su función a los deseos del gobierno. Sin duda la incertidumbre crece en este entorno y las expectativas de crecimiento se debilitan aún más”, afirmó Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
A su vez, la Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) mencionó que la reforma en materia eléctrica es un contrasentido ya que representa insistir en una propuesta que ya fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antagónica a tratados internacionales y que terminaría afectando a los consumidores, a los productores de energías renovables y al medio ambiente.
Complicaciones
Para los expertos, las reformas complicarán la revisión del T-MEC en 2026 debido al trato preferencial que se le da a PEMEX y CFE, lo que apuntaría a un incumplimiento de México respecto a los términos del tratado y también generaría aversión hacia el riesgo de invertir en el país.
“Sin estos órganos autónomos México podría enfrentar mayores obstáculos con sus socios comerciales del norte. A menos que ya no queramos venderles o comprarles”, advirtió la diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
“En el entorno de inversión para los empresarios hay que separar el ambiente o la forma en que se percibe. En la industria hay optimismo moderado pero sólido, pero en hidrocarburos hay menos ánimo porque los proyectos dependerán mucho de la relación con PEMEX”, añadió Arturo Carranza.
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