Pareciera que con el año que ha terminado se cierra un capítulo y podemos empezar otra vez, renovados con la esperanza de que nuevos retos y oportunidades llegarán consigo.
Esto si bien, representa la idea que todos tenemos para poder avanzar con nuevas esperanzas dentro de un entorno optimista, la realidad nos debe situar ante lo que nos espera durante 2025, particularmente en el sector energético, en donde el fantasma de la incertidumbre sigue rondando ante la implementación de un nuevo esquema que aparentemente busca fomentar el desarrollo de un modelo energético justo tendiente a alcanzar la transición energética en nuestro país.
¿Porqué decimos que aparentemente busca conseguir estos objetivos? Porque ello dependerá de las reglas que se implementen en términos de la legislación secundaria que implemente la reforma energética aprobada el pasado 31 de octubre, con la cual se busca el fortalecimiento de las empresas públicas en materia energética en perjuicio del sector privado tan necesario para alcanzar las metas de generación limpia y los compromisos de reducción de emisiones que México tiene a nivel internacional.
Recordemos que el planteamiento central de la reforma Constitucional en materia energética busca cambiar el rumbo de la política energética en aras de contar con una política pública en donde se permita la participación privada en el sector mientras que la prevalencia la tengan las empresas públicas bajo el argumento de cumplir con objetivos de carácter social. Es en este contexto, en donde no queda clara la forma en que los actores privados participarán, resultando alarmante pensar que en materia de electricidad la CFE tendrá prevalencia en un mercado abierto a la competencia en materia de generación y comercialización, en donde los acuerdos y tratados comerciales internacionales de los que México forma parte reconocen principios como apertura comercial, trato justo y equitativo, entre otros, y a nivel nacional, la aplicación de los mismos estará sujeta a las nuevas reglas que se emitan en favor de las empresa pública CFE, y en materia de hidrocarburos, se de prevalencia a PEMEX, con independencia de que su situación financiera y fiscal evidencian la incapacidad de la misma para hacer frente incluso a sus compromisos internos.
Nos encontramos ante un año nuevo lleno de incertidumbre y retos que podrán irse delimitando en tanto la política pública vaya tomando forma, sin órganos reguladores autónomos, sino dependientes de la Secretaria de Energía, ahora diseñadora, implementadora y vigilante de las reglas específicas en la materia. Como muestra de lo que nos espera, aún no empieza el año y la miscelánea fiscal ha sido publicada con nuevas obligaciones en materia de controles volumétricos para los sujetos regulados, aunado a la carga fiscal que prevé dicha miscelánea.
Esperemos que los retos que 2025 trae consigo vengan acompañados de un marco regulatorio claro y fuerte que permita la consolidación y en su caso, crecimiento del sector energético con los beneficios que conllevará para todos.
Será necesario conocer cuáles serán las estrategias que fomentarán una participación eficiente de los sectores público y privado en aras de alcanzar las ambiciosas inversiones que se requieren para hacer frente al nearshoring; los retos que plantea el creciente aumento de la demanda eléctrica; la falta de infraestructura eléctrica; la menor dependencia de los mercados externos en materia de hidrocarburos; el pago de la deuda a proveedores de PEMEX, desarrollo de nuevos proyectos clave en el sector; fomento a instrumentos que permitan contar con almacenamiento estratégico de diferentes hidrocarburos; entre otros.
Es importante conocer cuáles mecanismos se plantearán para que el sector privado siga jugando el rol de acompañamiento que tanto requieren las empresas públicas para sentar las bases del camino que habrá de recorrerse en aras de alcanzar la transición energética. De igual manera, deberemos conocer cuáles mecanismos permitirán tanto a PEMEX como a CFE cumplir con los compromisos que conlleva su prevalencia en el sector.
Es así, como el gobierno debe entender que 2025 representa un año estratégico para poder posicionar a México como una potencia de renovables en donde se fortalezca un crecimiento energético equilibrado que pueda utilizar el alto potencial con el que cuenta nuestro país ante un entorno global sostenible.
