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Morena aparentó escucharnos en el debate eléctrico: Concamin 

Morena y sus partidos afines como el PT y el Verde Ecologista no escucharon a los opositores de la reforma eléctrica durante los foros de discusión, y no dimensionaron los riesgos de la iniciativa cuya aprobación podría costarle a México hasta el 9 por ciento del PIB anual, dijo Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

 

“En los partidos afines al gobierno creemos que su participación fue para aparentar que se escucha a quienes están opuestos a la reforma”, afirmó el directivo en entrevista con Energy21.

Destacó que esos legisladores “escucharon poco a quienes argumentaron contra la iniciativa, y sus preguntas estuvieron orientadas a justificar la reforma”.

 

Salinas opinó que las personas argumentaron a favor de la iniciativa fueron en su mayor parte empleados de la CFE y de la administración pública. 

“Sus argumentos fueron más de tipo ideológico y con poco soporte de datos verificables. Esto ayudó a transmitir un mensaje claro y conciso de por qué debe rechazarse la reforma”, mencionó.

En contraparte, aquellos que se postularon contra la iniciativa fueron especialistas y representantes de diversos sectores diferentes a la industria privada, pues hubo académicos e integrantes de la sociedad civil, cuyos argumentos de por qué debe rechazarse la iniciativa fueron muy similares, casi de consenso, dijo.

Los foros se llevaron a cabo del 17 de enero al 28 de febrero de este año, en donde participaron representantes de la CFE, analistas, voceros de los pueblos indígenas, asociaciones empresariales, entre otros, aunque no asistieron directivos de las grandes empresas de generación eléctrica.

El directivo de la Concamin advirtió que la reforma podría implicar altos costos para el Estado mexicano por los arbitrajes que se detonarían, para compensar a los inversionistas afectados.

“Se estima que puede ser entre 60 y 120 mil millones de dólares, o en promedio hasta 9 por ciento del PIB”, alertó.

Destacó que ello también implicaría un aumento en los costos de generación, que se estiman en 62,100 millones de pesos anuales al eliminar el despacho económico y dar preferencia a la operación de centrales de CFE, independientemente de que tan caras o contaminantes sean.

Además, la CFE tendría que realizar inversiones de por lo menos 90,000 millones de pesos anuales, para generación de energía.

 

El promedio de las inversiones en capacidad de generación o en redes de transmisión y distribución de los últimos 5 años con los que se cuenta información (2016 – 2020) fue de 29,000 millones de pesos anuales, mientras que el último PRODESEN contempla 120,000 millones de pesos anuales para los próximos 15 años.

 

“Un costo indirecto que habrá que sumarse será la pérdida de inversión en el sector productivo por el temor de los inversionistas de que México no genere la suficiente energía limpia requerida para cumplir con los requisitos ambientales impuestos a las cadenas de valor”, advirtió Salinas.

Afirmó que la iniciativa como fue presentada tiene pocos puntos salvables. 

“Recordemos que ésta fue elaborada por CFE y no por Presidencia. No busca el bienestar de México, sino de la CFE”, asestó.

 

Dijo que el principal argumento de por qué debe aprobarse la iniciativa en los términos planteados fue que la Reforma de 2013 se aprobó para desaparecer a CFE.

“La empresa no desaparecerá. Tiene cerca del 70% de participación de mercado, siendo por mucho la compañía dominante”, destacó.

 

Si se excluyen las pérdidas generadas por el aumento en el pasivo laboral generado en 2020 al decidir volver a plan de jubilación anterior, la empresa obtiene utilidades, mencionó Salinas. 

 

“Tiene el monopolio en la transmisión y distribución, que es donde gana más dinero. Todos queremos el bienestar de CFE. Sin embargo la iniciativa no está orientada a mejorar a CFE; sólo a eliminarle competencia”, sostuvo.

El experto de Concamin pidió rechazar esta iniciativa de reforma constitucional y crear una mesa que identifique aquellos cambios que hay que hacer a las leyes secundarias y reglamentos. 

 

“El sector privado está en la mejor disposición de participar en este proceso”, añadió.

 

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