
La transición energética en México camina en un difícil entorno marcado por rezagos estructurales, una creciente presión internacional sobre los mercados de hidrocarburos, particularmente del gas natural que será el eje del proceso de cambio en la matriz energética, además de la necesidad de fortalecer la red eléctrica para transportar la energía generada por fuentes limpias, coinciden expertos.
De acuerdo con la actualización de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, publicada en el Diario Oficial de la Federación, la política energética del país plantea sustituir progresivamente la base fósil por un sistema sustentado en energías limpias, con horizontes de planeación de 15 y 30 años. Este proceso implica mejoras en la eficiencia energética, modernización del sistema eléctrico y el desarrollo de infraestructura como redes inteligentes, almacenamiento de energía y generación distribuida.
Los datos muestran avances, pero también límites estructurales. Entre 2016 y 2022, la capacidad instalada de generación eléctrica creció a una tasa promedio anual de 2.9%, mientras que las energías limpias lo hicieron a un ritmo de 6.8%. En ese mismo periodo, la generación eléctrica proveniente de fuentes limpias pasó de 20.3% a 31.2% del total. A la par, la capacidad instalada limpia alcanzó 36% del total del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, la dependencia de combustibles fósiles sigue siendo dominante, pues representan el 75.5% de la generación eléctrica, según el documento.
El propio diagnóstico de la Estrategia reconoce que uno de los principales retos es esa dependencia estructural, junto con obstáculos para la interconexión de energías limpias, limitaciones en la planeación del sistema eléctrico y rezagos en infraestructura. A ello se suma que, aunque la electricidad ha incrementado su participación en el consumo final, al pasar de 17.64% en 2016 a 19.59% en 2021, el sistema energético en su conjunto sigue anclado a combustibles fósiles.
El combustible de transición
En este contexto, el gas natural ocupa un lugar ambiguo. Para algunos actores, es el combustible puente que permite reducir emisiones frente a opciones más intensivas como el combustóleo o el carbón. Sin embargo, su papel está lejos de ser incuestionable y abre un debate sobre la velocidad real de la transición.
Susana Cazorla, directora y socia fundadora de SICEnrgy & Madero, advierte que el concepto de “combustible de transición” carece de una temporalidad definida. Señala que la inversión en infraestructura gasífera puede extender su uso durante décadas, al requerir hasta 25 años para su amortización, lo que termina por alargar la transición energética.
Además, subraya que el gas natural, particularmente por sus emisiones de metano, puede tener impactos ambientales relevantes en el corto plazo, lo que complica su papel como solución intermedia.
Cazorla también vincula la transición energética con la geopolítica global. Asegura que los eventos en Medio Oriente generan un “efecto mariposa” en los mercados energéticos, elevando precios, rompiendo cadenas de suministro y afectando costos logísticos.
“Los países necesitan petróleo y gas para su crecimiento económico, para electricidad, petroquímica y transporte”, apunta, al destacar que estos insumos siguen siendo indispensables para el funcionamiento de la economía global. En ese sentido, advierte que la transición “no ocurre en un vacío, sino en un entorno donde la seguridad energética sigue siendo prioritaria”.
La experta indica que no se han cumplido las metas de energías limpias y que la dependencia del gas natural importado, que alcanza entre 80% y 90% del consumo, limita la soberanía energética. Además, apunta que la generación eléctrica depende en más de 60% de este combustible, lo que refuerza su papel estructural en la matriz energética.
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