El Gobierno mexicano anunció un ambicioso plan de energías renovables con inversiones por 739,000 millones de pesos que promete transformar de forma definitiva la matriz de generación eléctrica hacia el año 2030, pero la deficiente infraestructura de transmisión, la regulación y la hegemonía de la CFE en el mercado, ponen en vilo la viabilidad de este plan, señalan expertos.
El plan de la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), proyecta la incorporación de 32,475 megawatts (MW) de capacidad nueva total, de los cuales el 70%, equivalente a 22,376 MW, corresponderá a tecnologías renovables. Este viraje institucional busca elevar la generación limpia del país de los actuales 354 millones de MWh a 410 millones de MWh para el final de la década.
Sin embargo, los expertos del sector reciben las metas con una mezcla de optimismo y cautela, advirtiendo que el éxito de esta transición depende de resolver graves rezagos en infraestructura de transmisión, asimilar las recientes modificaciones regulatorias y, sobre todo, dotar de certidumbre real a los esquemas de inversión mixta que sostienen el andamiaje financiero del proyecto.
La CFE mantiene el timón
La tecnología fotovoltaica liderará el despliegue con 12,304 MW proyectados, seguida por el ciclo combinado con 9, 979 MW y la energía eólica con 6,860 MW. El resto de la nueva capacidad se distribuye en cogeneración eficiente, geotermia, hidroeléctrica, termosolar, combustión interna, bioenergía, e hidrógeno verde.
El modelo económico plantea un cambio profundo en las reglas del juego. De los 32,000 MW que se añadirán, el 79.2% de la capacidad operativa queda bajo la tutela del Estado mexicano. Específicamente, la CFE aporta el 36.6% a través de recursos propios correspondientes a 11,896 MW, y un 42.6% mediante el nuevo “Esquema Mixto” en coparticipación con privados por 13, 830 MW.
Las empresas particulares, operando de forma estrictamente independiente, retienen únicamente el 20.8% del pastel de expansión, equivalente a 6,750 MW. Con esta distribución, la actual administración asegura que mantendrá la prevalencia del Estado con la inyección del 61% de la energía eléctrica total al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para el año 2030.
La meta del 38% ¿Incumplimiento en puerta?
Por otro lado, la SENER fija la meta de que el 38% de la energía generada deberá provenir de fuentes limpias y renovables en 2030, dejando el 62% restante a la generación fósil. Este compromiso busca alinear al país con las metas ambientales del Acuerdo de París y evitar la emisión de 69 millones de toneladas anuales de CO2 equivalente.
Para Carlos Flores, experto del sector eléctrico, el planteamiento de la actual administración representa “una desviación perfectamente positiva con respecto al gobierno de López Obrador”, y celebra que la presidenta muestre un cambio de visión en la materia.
No obstante, el analista enciende las alertas sobre la metodología de medición. “El lado negativo es ver cómo van a calcular el cumplimiento de esa meta. Si van a usar las mismas terapias del sexenio pasado donde manipularon cifras metiendo ciclos combinados o eficiencias que no correspondían, nos estaríamos haciendo tontos”.
Para el analista, el mercado validará la meta únicamente si ese 38% proviene estrictamente de tecnologías limpias puras como la solar y la eólica.
Por su parte, Víctor Ramírez, consultor de P21 Energía, considera que fijar el objetivo en 38% es un acto de realismo político frente al rezago histórico. “El atraso que generó la gestión anterior en el sector no dejaba espacio para alcanzar el objetivo original del 45% para 2030; hablar de esa cifra habría sido un engaño”, afirma.
Ramírez otorga un voto de confianza al mecanismo de los contratos mixtos, pues la respuesta a las convocatorias es sumamente alta. De concretarse las firmas de esta ronda, el volumen de capacidad comprometido igualaría a las tres subastas eléctricas del sexenio de Peña Nieto juntas.
Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Transformación Energética, coincide en que la reactivación de los compromisos internacionales coloca las metas “cuesta arriba” por el factor tiempo, pero estima una probabilidad estadística del 60% al 70% de cumplimiento si se mantiene el ritmo actual de asociación público-privada.
El as bajo la manga de la CFE
Ante la imposibilidad financiera de que el Estado absorba la totalidad de las inversiones sin presionar la deuda pública, los contratos mixtos surgen como la herramienta clave de la actual administración. Margarita Pérez Miranda, presidenta del Comité Técnico Nacional de Energía e Infraestructura del IMEF, destaca que este modelo ofrece un entorno más benigno que el esquema de confrontación del sexenio pasado.
“Hoy vemos nuevas reglas más claras que dan rumbo a la inversión privada. Aunque los empresarios vengan ahora por un contrato de servicio y no por un megaproyecto independiente, siguen siendo inversiones de largo plazo que atraen capital”, detalla la ejecutiva.
Transmisión y almacenamiento, los cuellos de botella
A pesar del optimismo que despiertan los anuncios de nueva generación, el fantasma del rezago estructural planea sobre la estrategia estatal. El talón de Aquiles del plan radica en la Red Nacional de Transmisión (RNT).
“Hubo un rezago brutal en la inversión en transmisión durante la administración pasada”, acusa Severo López Mestre. Explica que la planificación eléctrica es exacta y se realiza a ciclos de 10 años. Al saltarse inversiones críticas en líneas de alta tensión, la red se encuentra al límite de su capacidad.
Si bien los proyectos de asignación prioritaria obligan a los desarrolladores a construir sus propias obras de interconexión y refuerzos locales, lo que encarece los costos de desarrollo, el experto señala que el Estado debe invertir con urgencia en la red troncal para desahogar nodos saturados, como el corredor de Tamaulipas hacia la zona de alto consumo de Monterrey.
El segundo gran reto técnico es el almacenamiento de energía a gran escala mediante baterías, indispensable para dar estabilidad a la intermitencia solar y eólica. Israel Hurtado enfatiza que México debe seguir la tendencia internacional, donde la adición de capacidad fotovoltaica se acompaña de manera simétrica con sistemas de almacenamiento.
Aunque las nuevas bases ya exigen almacenamiento en centrales a gran escala, la matriz requiere un empuje mucho más agresivo en este rubro”, apunta.
El laboratorio energético de Baja California
Uno de los anuncios más disruptivos es el Proyecto Oasis, ubicado en la península de Baja California, una región históricamente aislada del sistema eléctrico centralizado. El desarrollo combina una central fotovoltaica de 72 MW, un sistema de almacenamiento de baterías de 20 MW y una planta de producción de hidrógeno verde de 20 MW que alimentará celdas de combustible de 6 MW.
Con una inversión de 164 millones de dólares y una fecha estimada de operación comercial para abril de 2028, el proyecto busca suministrar energía limpia las 24 horas del día a la zona de Mulegé, iluminar a 40,000 hogares, abastecer 120 metros cúbicos de agua para la población y evitar la emisión de más de 94,000 toneladas de CO2 al año.
Víctor Ramírez califica a Oasis como “un experimento formidable de lo que debe ser la transición energética del futuro”.
Por su parte, Israel Hurtado menciona que el proyecto tomó por sorpresa a la industria privada, la cual tiene contabilizados otros 27 proyectos de hidrógeno verde en distintas fases de desarrollo en el país y dos plantas en operación en Querétaro y San Luis Potosí. Al referirse a Oasis, apunta: “No teníamos conocimiento del proyecto, pero es una gran noticia”.
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Este artículo se publicó originalmente en la revista Energy21 de julio 2026. ¡Consulta la edición completa!
