Víctor Juárez, CEO de Edge Innovation, advirtió que México atraviesa un proceso de reconfiguración profunda en la regulación energética, donde el Estado retoma un papel central en la supervisión de los petrolíferos y en la gestión de información estratégica del sector.
Durante la conferencia magistral “El impacto regulatorio del Estado en los petrolíferos”, realizada en el marco del Midstream Forum 2025, el especialista reveló que la plataforma Ninfa, desarrollada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), sustituirá al sistema Titán y funcionará como un centro de intercambio de información en tiempo real entre la CNE, la ASEA, Profeco, la Fiscalía General de la República (FGR) y otras dependencias. Este nuevo esquema permitirá cruzar datos sobre permisos, trazabilidad, inspecciones y calidad de combustibles, con el fin de reforzar la transparencia y la vigilancia en la cadena de valor energética.
Juárez explicó que esta nueva etapa regulatoria responde a un entorno donde las autoridades buscan cerrar espacios a prácticas ilícitas, como el contrabando de hidrocarburos, el “huachicol” y las simulaciones en comercialización. “La coordinación entre instituciones ahora será digital y en tiempo real. Ninfa permitirá detectar irregularidades en permisos, volúmenes o importaciones sin necesidad de oficios o procesos lentos”, subrayó.
El directivo también señaló que el nuevo marco legal de los hidrocarburos limita los permisos de comercialización a dos años sin posibilidad de renovación, al tiempo que se amplían las facultades de inspección y sanción. “El objetivo del Estado es recuperar rectoría y fortalecer la soberanía energética, pero el reto será no ahogar la competencia ni frenar la inversión”, sostuvo.
En su análisis, Juárez hizo un repaso por los desafíos estructurales de la matriz energética nacional, destacando la baja producción de gas natural, el rezago en biocombustibles y la dependencia de refinación e importaciones. Añadió que la transición hacia energías limpias avanza lentamente y que el país enfrenta presiones internacionales para reducir emisiones y mejorar sus prácticas de producción, en un contexto donde el fracking sigue siendo tema de debate.
“El Estado está concentrando más funciones, pero también más responsabilidad. La trazabilidad, el control y la transparencia deberán venir acompañados de tecnología, coordinación y rendición de cuentas”, concluyó.
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