En México, la discusión sobre combustibles suele caer en una simplificación peligrosa: asumir que todos pueden tratarse bajo la misma lógica política. Que lo que funciona para la gasolina puede replicarse en el diésel. Que intervenir precios es, por sí mismo, una solución.
No lo es. El diésel no es la gasolina. Y más importante aún: no es un commodity político.
Mientras la gasolina tiene un impacto directo en el consumidor –visible en cada carga, en cada ticket–, el diésel opera en otro nivel. Es un insumo productivo, transversal, silencioso, pero determinante. No se percibe en el bolsillo de manera inmediata, pero sí en todo lo que ese bolsillo termina pagando.
Está en el transporte de alimentos, en la distribución de mercancías, en la operación industrial, en la maquinaria agrícola y en la logística que sostiene la economía. México consume más de 90 millones de litros diarios de diésel, lo que lo convierte en uno de los pilares de la actividad económica nacional.
Por eso, intervenir su precio no es una medida aislada. Es una decisión que impacta toda la estructura productiva.
El error de politizar un insumo estratégico
La tentación de establecer un tope al precio del diésel responde a una preocupación legítima: contener la inflación. Si baja el costo del transporte, se busca evitar que suban los precios de bienes y servicios.
Pero esta lógica parte de un error de origen. El diésel no es un precio final. Es un costo intermedio.
Y cuando se manipula un costo intermedio, lo que se genera no es estabilidad, sino distorsión. Porque ese costo no desaparece. Se redistribuye. Se traslada a los márgenes de los comercializadores, a las finanzas públicas o a otros eslabones de la cadena. Pero nunca deja de existir.
El impacto en la cadena de valor
A diferencia de la gasolina, el diésel tiene una estructura de mercado más rígida. Sus costos logísticos son más altos, su margen comercial es más estrecho y su demanda está directamente vinculada a la actividad económica.
Topar su precio implica comprimir los márgenes de quienes lo transportan, almacenan y venden.
El efecto inmediato es claro:
- Menor incentivo para mantener inventarios
- Reducción en la eficiencia logística
- Mayor riesgo de desabasto en ciertas regiones
Y en el mediano plazo, el efecto es aún más profundo:
- Se frena la inversión en infraestructura
- Se deteriora la calidad del servicio
- Se debilita la capacidad de expansión del mercado
Es un mercado más frágil.
La factura fiscal que nadie quiere ver
Uno de los puntos menos discutidos en el debate es el impacto en las finanzas públicas. Cuando se fija o contiene artificialmente el precio del diésel, alguien absorbe la diferencia entre el costo real y el precio final.
En México, ese “alguien” suele ser el Estado.
Esto ocurre principalmente a través de:
- Estímulos al IEPS
- Reducción de la recaudación efectiva
- Transferencia de presión financiera a Pemex
Lo que no paga el consumidor, lo paga el erario.
Y en un entorno de alta presión presupuestaria, esto tiene implicaciones claras:
- Menores ingresos fiscales
- Menor margen de maniobra para política pública
- Mayor vulnerabilidad financiera
El costo no desaparece. Se socializa.
La ilusión de control
Quizá el mayor riesgo de tratar al diésel como un commodity político es la ilusión que genera: una aparente estabilidad de precios que, en realidad, no refleja el costo real del sistema. Pero esa estabilidad es temporal. Porque los costos acumulados eventualmente regresan:
- En forma de inflación diferida
- En problemas de suministro
- O en deterioro de la infraestructura logística
Es un efecto bien conocido en economía: los controles de precios no eliminan presiones, las desplazan en el tiempo.
Un combustible que define la competitividad
El diésel no solo mueve mercancías. Define la competitividad de un país. Cada variación en su precio impacta:
- Costos de transporte
- Precios de alimentos
- Estructuras industriales
- Márgenes de exportación
Por eso, intervenir su precio sin una estrategia integral no es una decisión menor.
Es una intervención en la economía real.
Conclusión: no es política, es economía
México necesita estabilidad en los precios energéticos. Pero esa estabilidad no puede construirse a partir de distorsiones. El diésel no responde a lógica política de corto plazo; Responde a lógica económica.
Porque cuando se trata al diésel como una herramienta política, el costo no se elimina; se multiplica al ser un insumo estratégico. Y como tal, no se controla.
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Esta columna se publicó originalmente en la edición de abril de nuestra revista Energy21.
