La falta de reglas claras para los patios de autoconsumo de combustibles no solo mantiene en la incertidumbre a empresas que necesitan diésel para operar sus flotillas. También puede abrir espacios para la discrecionalidad administrativa, las presuntas extorsiones y la operación de instalaciones fuera de los controles que deberían garantizar su seguridad.
Fuentes de la industria que solicitaron el anonimato advierten que transportistas, compañías de logística y empresas constructoras enfrentan dificultades para regularizar sus instalaciones de autoconsumo, debido a la falta de claridad sobre los permisos y requisitos que deben cumplir ante las autoridades energéticas, ambientales y locales.
Estos patios no necesariamente funcionan como estaciones de servicio abiertas al público, son instalaciones en las que las empresas almacenan y suministran combustible para sus propias unidades. Sin embargo, que el combustible sea para consumo propio no elimina la necesidad de establecer condiciones claras de operación, seguridad y cumplimiento normativo.
De acuerdo con las fuentes consultadas, durante años ha persistido la incertidumbre sobre la aplicación de los requisitos a estas instalaciones. La Comisión Nacional de Energía (CNE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y las autoridades locales intervienen en distintos aspectos relacionados con los permisos, la seguridad y el uso de suelo, pero la industria cuestiona la falta de una ruta coordinada para cumplir con todas las obligaciones.
Extorsiones por 7 millones de pesos
Esta indefinición tiene consecuencias que van más allá de la burocracia. Las fuentes denuncian presuntos cobros ilegales de entre uno y siete millones de pesos a operadores de patios de autoconsumo, atribuidos a funcionarios de autoridades locales. Mencionan casos en Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas y Veracruz.
Uno de los ejemplos relatados se refiere a un trámite de uso de suelo que, según el testimonio, habría sido cotizado en cuatro millones de pesos, mientras que la supuesta alternativa irregular habría reducido el monto a 800 mil pesos para agilizar el trámite. Se trata de una acusación que requiere documentación y corroboración independiente, pero que plantea una pregunta ineludible: ¿qué ocurre cuando el cumplimiento de las reglas depende de criterios que los propios regulados consideran inciertos?
La responsabilidad de las empresas tampoco debe quedar fuera de la discusión. La ausencia de una ruta clara no convierte automáticamente en legales las instalaciones que carecen de permisos, ni justifica incumplir las medidas de seguridad aplicables. El almacenamiento de combustibles implica riesgos que requieren supervisión efectiva.
Precisamente por eso, las autoridades deben definir qué exige la normativa, cómo se acredita su cumplimiento y qué procedimientos deben seguir quienes necesitan regularizarse.
Los riesgos del registro ante CNE
En este contexto, el programa de registro impulsado por la CNE representa un primer paso para conocer el tamaño y las características de la actividad. Sin embargo, las fuentes advierten que el registro constituye un levantamiento de información, no un permiso ni una garantía de regularización.
También señalan que algunos operadores temen proporcionar datos sobre sus instalaciones, capacidades de almacenamiento y volúmenes de combustible por la incertidumbre sobre el uso posterior de esa información.
La industria estima que existen decenas de miles de patios de autoconsumo sin regularizar, pero reconoce que no hay una cifra precisa. Las estimaciones mencionadas por las fuentes oscilan entre 40 mil y 60 mil instalaciones, sin que se haya presentado un padrón oficial que permita confirmar ese universo. El dato debe tomarse con cautela; aun así, la discrepancia revela la necesidad de contar con información verificable para diseñar una política pública eficaz.
La CNE tendría hasta 12 meses después del proceso de registro para emitir la regulación correspondiente, según las fuentes. Pero el reto no consiste únicamente en publicar nuevas disposiciones. También será necesario coordinar los requisitos energéticos, ambientales, de seguridad y de uso de suelo, con responsabilidades delimitadas y procedimientos que no se contradigan entre sí.
De poco servirá identificar las instalaciones si después sus operadores siguen sin saber qué documentos necesitan, ante qué autoridad deben presentarlos o bajo qué condiciones pueden continuar sus actividades mientras avanzan en la regularización. Tampoco será suficiente exhortar a los afectados a denunciar presuntos actos de extorsión si no existen condiciones que les permitan hacerlo sin temor a represalias o a la interrupción de sus operaciones.
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