Las nuevas disposiciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE) para importadores y comercializadores de petrolíferos podrían provocar interrupciones en el suministro de combustibles en algunas regiones del país, debido a los cambios que imponen en las relaciones comerciales y operativas de la cadena de distribución, advirtió Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence.
Durante un webinar, el especialista señaló que las disposiciones podrían obligar a las empresas a modificar contratos y esquemas de operación establecidos antes de su entrada en vigor, lo que generaría tensiones en el mercado y afectaciones al abasto.
“Tenemos contratos que se firmaron antes de la entrada a estas disposiciones y tenemos este nuevo reorden del mercado que va a generar mucha tensión, va a generar reconfiguraciones que seguramente van a terminar en interrupción del abasto en algunas zonas”, sostuvo.
Montufar explicó que las restricciones comerciales podrían modificar la participación de importadores, comercializadores, distribuidores y terminales privadas, al establecer nuevas condiciones para las operaciones de compraventa de combustibles.
Por su parte, Rocío Robles, socia fundadora de Lobbying México, explicó que las nuevas reglas también elevan las obligaciones documentales y operativas de los comercializadores, quienes deberán acreditar la procedencia lícita de cada producto y lote adquirido, así como conservar durante 10 años los contratos y documentos que respalden las operaciones.
Entre los requisitos se encuentra la presentación digital de CFDI y comprobantes de origen, además de la documentación relacionada con transporte, almacenamiento y distribución. Las empresas también deberán verificar, antes de cada operación, que sus proveedores y clientes cuenten con permisos vigentes.
La regulación contempla además el registro de contratos logísticos ante la autoridad y la entrega de información sobre volúmenes de compra y venta, calidad de los combustibles y permisos de las empresas involucradas en cada etapa de la cadena.
A estas obligaciones se suman reportes periódicos sobre operaciones de compraventa y servicios, así como información anual sobre costos unitarios, costos logísticos y márgenes operativos estimados por contrato.
Robles también cuestionó la exigencia de acreditar capacidad operativa para empresas que trabajan mediante terceros, debido a que las disposiciones no definen con claridad ese concepto. Asimismo, consideró inusual la solicitud de seguros y garantías para comercializadores que no necesariamente cuentan con infraestructura propia.
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