
El esquema de contratos mixtos vigente con Pemex resulta insuficiente para detonar la explotación de gas no convencional mediante fracking en México, de acuerdo con un análisis de la consultoría Caraiva y Asociados.
El documento, titulado “Contratos Mixtos con Pemex”, plantea un modelo alternativo de licencia híbrida y advierte que, bajo las condiciones actuales, el país difícilmente logrará atraer la inversión necesaria para desarrollar esta industria.
El análisis identifica seis problemas centrales en el esquema vigente desde 2025. En primer lugar, el tope de recuperación de costos, de 30%, hasta 40% en algunos casos, no cubre la alta intensidad de capital que exige el fracturamiento multietapa, lo que comprime la rentabilidad de los proyectos.
En segundo término, el documento señala que el privado tiene poco margen de ganancia adicional (upside), ya que debe ceder hasta 60% del Fondo de Extracción de Recursos (FER) y compartir el remanente, lo que resta atractivo frente a una licencia o concesión plena.
A esto se suma que el privado no puede registrar reservas, por las limitaciones del esquema SEC, mientras Pemex conserva al menos 40% de participación, un factor que, según el análisis, desincentiva a las grandes operadoras internacionales.
El documento también apunta a la inseguridad jurídica, derivada de un marco normativo aún reciente, sin arbitraje internacional robusto y con riesgo de cambios retroactivos de ley.
A ello se suma la fragilidad económica del negocio frente a precios bajos del gas: con el Henry Hub por debajo de aproximadamente 2.9 dólares por millón de BTU, la cuenca de Sabinas registraría valor presente neto negativo, y solo Burgos y Tampico-Misantla resistirían ese escenario. Finalmente, el análisis destaca la falta de infraestructura, ductos, agua y arena suficientes, lo que eleva el riesgo de contraparte con Pemex y el costo de capital de cualquier proyecto.
Licencia híbrida con regalía deslizante
Frente a este diagnóstico, el documento propone un modelo de “licencia híbrida con regalía deslizante” para la cuenca de Burgos, que combinaría la titularidad estatal, Pemex conservaría la asignación conforme al mandato constitucional, con una tasa de regalía que se ajustaría automáticamente según el precio del gas y la riqueza de líquidos, en lugar del tope fijo de 30%.
Según la propuesta, esa tasa iría de 5% en escenarios de precio bajo hasta 20-25% o más en picos de precio alto.
El modelo también contempla estabilidad fiscal y jurídica a 25-30 años, con arbitraje internacional, así como incentivos por líquidos y por contenido nacional. El análisis lo describe como una combinación entre el esquema de arrendamiento mineral utilizado en Estados Unidos y la estabilidad del modelo argentino de Vaca Muerta y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
El análisis de sensibilidad incluido en el documento muestra que, bajo el modelo propuesto, la toma pública total, regalías, impuestos y Impuesto Sobre la Renta, pasaría de 35% del ingreso bruto en un escenario de precio muy bajo a 54% en uno de precio muy alto.
El periodo de recuperación del capital invertido (estimado en 600 millones de dólares para Burgos) iría de 13.6 años en el escenario más adverso a 5.3 años en el más favorable, cuando el objetivo de rentabilidad planteado en el propio documento es un payback de cinco años o menos. Es decir, únicamente el escenario de precio más alto se acerca a esa meta.
Cambio en el interés de las grandes operadoras
Entre los hallazgos del análisis destaca el efecto que tendría el nuevo esquema sobre el tipo de empresas dispuestas a invertir.
Bajo el contrato mixto actual, las grandes operadoras de Estados Unidos no participan, al no contar con titularidad ni margen de ganancia atractivo frente a sus operaciones domésticas. Con el modelo propuesto, el documento las cataloga como participantes “posibles”, siempre que exista licencia, estabilidad jurídica y presencia de líquidos, un cambio que el propio análisis describe como “el mayor giro” respecto al esquema vigente.
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