Hay años que reforman leyes y hay años que redefinen sistemas completos. Este 2025 ha sido un año en que el sector eléctrico mexicano dejó de avanzar por inercias heredadas y entró de lleno a un nuevo paradigma: un modelo centralizado, planificado y profundamente regulado, donde cada actor, público o privado, deberá reescribir su papel y forma de participar.
- La CNE: un nuevo regulador para un nuevo orden
La creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE) representa más que una reestructuración institucional; marca un ajuste significativo en la gobernanza del sector. Su diseño coloca al Estado nuevamente en una posición central de conducción estratégica, no sólo como autoridad reguladora, sino como instancia coordinadora del modelo energético nacional.
La extinción de la CRE cerró una etapa marcada por autonomía regulatoria. La CNE abre otra, marcada por alineación vertical y planeación obligatoria.
¿Es malo? ¿Es bueno? Es —simplemente— un cambio de reglas. Y como todo cambio abrupto, genera preguntas que aún no tienen respuesta: ¿la CNE podrá mantener criterios consistentes, sin discrecionalidad? ¿Logrará comunicarse eficazmente con los actores del mercado? Las respuestas llegarán en 2026, conforme cada participante vayamos interactuando.
- La planeación vinculante: el retorno del Estado planificador
Con el nuevo marco regulatorio, la planeación dejó de ser un marco orientador y pasó a ser un filtro obligatorio. En México, esto no había ocurrido desde los años previos a la apertura de los 90.
Hoy ningún proyecto puede existir fuera del mapa energético federal. No importa cuán innovador sea, ni cuán financiable, ni cuán sustentable: si no encaja en los criterios de prevalencia estatal, no tendrá posibilidades de concretarse.
Y aquí surge una crítica inevitable: la planeación vinculante puede dar orden, sí, pero también puede frenar innovación y competencia si no se aplica con criterio técnico y visión de largo plazo. El riesgo no es la planeación: es la planeación sin capacidad institucional.
- La implementación de la Convocatoria Prioritaria 2025
Ésta se convirtió rápidamente en el emblema del nuevo orden regulatorio. Publicada por la CNE el 17 de octubre, dejó de ser un trámite administrativo para transformarse en el primer ensayo práctico del modelo de planeación vinculante que ahora rige al sector eléctrico.
La Convocatoria abrió el acceso al nuevo sistema de permisos mediante una puerta estrecha, diseñada bajo criterios de interés público y alineada a la estrategia energética de la SENER. Desde el primer día quedó claro que la lógica había cambiado: todo sería digital, todos los plazos serían fatales y ningún error documental tendría margen de corrección.
En los hechos, la Convocatoria funcionó como el primer gran filtro del nuevo modelo. Permitió depurar trámites heredados, ordenar proyectos bajo criterios de política pública y poner a prueba la capacidad operativa de la CNE.
Pero quizá su mayor lección fue estratégica: los permisos dejaron de ser un ejercicio técnico para convertirse en una evaluación de contribución sistémica. Ya no basta responder “¿puedo conectarme?”, sino demostrar “¿por qué mi proyecto es útil para el país?”.
Este nuevo estándar eleva la calidad de los proyectos, sí, pero también abre una pregunta inevitable:
¿qué ocurre con aquellas iniciativas que, sin ser prioritarias para el Estado, aportan innovación, competencia o valor industrial? Ese será uno de los temas que más atención requerirá en 2026.
- Autoconsumo: el fin definitivo del autoabasto y el nacimiento de un régimen controlado
El nuevo marco de autoconsumo cerró la última sombra del autoabasto. Ya no habrá energéticos “privados” que operen al margen; toda transacción, excedente o faltante pasará por el MEM, con límites estrictos de inyección definidos por CENACE. La lección es clara: no habrá más islas energéticas con reglas propias.
Por lo que, paralelamente, la SENER liberó una ruta de migración temporal para permisos legados. Es una vía técnica, limitada y exigente, pero también la opción más segura para quienes necesitan regularizarse antes de enfrentar la planeación vinculante.
El mensaje entre líneas es contundente: quien no migre hoy podría enfrentar un panorama más incierto mañana.
¿Y qué nos espera en 2026?
Lo vivido en 2025 fue sólo el preludio. En menos de 4 meses —de septiembre a diciembre— el sector eléctrico enfrentó una reconfiguración normativa que, en condiciones ordinarias, habría tomado al menos una década. Más de 12 anteproyectos fueron ingresados a CONAMER y al menos 7 instrumentos regulatorios mayores se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Es, literalmente, una década comprimida en un sólo año.
Si 2025 fue el año del rediseño institucional, 2026 será el año del stress test, donde veremos si el nuevo andamiaje regulatorio puede sostener el volumen de solicitudes, garantizar criterios consistentes y operar sin discrecionalidad. La verdadera prueba estará en la habilidad de la industria para adaptarse a estándares más altos de planeación, documentación y cumplimiento.
Paralelamente, el Presupuesto de la Secretaría de Energía para 2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2025, termina de confirmar el giro del modelo energético. El Ramo 18 Energía asciende a alrededor de $267 mil millones de pesos, de los cuales más del 99 % se concentra en el Sector Central, con una prioridad prácticamente absoluta en hidrocarburos y en funciones de planeación, evaluación, supervisión y control del sistema. La electricidad, por su parte, no recibe recursos para expansión directa de infraestructura, sino presupuestos acotados orientados al análisis del Mercado Eléctrico Mayorista, la confiabilidad del sistema y el fortalecimiento regulatorio (estas partidas representan menos del 1 % del presupuesto total del Ramo 18).
En este contexto, el Estado deja de impulsar el desarrollo energético a través del gasto y opta por hacerlo mediante regulación y planeación vinculante, trasladando al sector privado el peso de la inversión, la ejecución y el cumplimiento bajo un marco cada vez más exigente
Lo que está en juego ya no es sólo energía: es la posibilidad de que México consolide un modelo que sea soberano en dirección, competitivo en costos y sostenible en objetivos climáticos y podamos avanzar hacia un sistema eléctrico a la altura nuestro potencial industrial, económico y energético.
