Las empresas que utilizan conceptos como “verde”, “ecológico” o “sustentable” en su publicidad podrían enfrentar nuevas exigencias para demostrar con información verificable el impacto ambiental que comunican, si avanza la propuesta de reforma al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).
La iniciativa plantea que los términos relacionados con sostenibilidad utilizados en la promoción de productos y servicios cuenten con “evidencia científica, objetiva y fehaciente”, con el objetivo de limitar prácticas de greenwashing.
Para las empresas con operaciones intensivas en energía, esta discusión abre espacio a indicadores que ya forman parte de su operación cotidiana. Entre ellos está el consumo energético, que puede medirse, documentarse y verificarse a través de información concreta.
“Muchas empresas comunican sostenibilidad como un ejercicio de marketing”, señaló Ximena Cantú, ESG Officer de Energía Real. Bajo un eventual nuevo marco legal, explicó, las compañías tendrían que contar con documentación técnica que respalde este tipo de afirmaciones.
El cambio tendría implicaciones para actividades con un consumo energético relevante, entre ellas parques industriales, plantas automotrices, centros comerciales y hoteles, mencionadas en el comunicado como ejemplos de sectores que tendrían que demostrar los avances que reporten en materia de sostenibilidad.
De acuerdo con Energía Real, el dictamen de la denominada reforma anti-greenwashing fue aprobado en comisiones senatoriales a mediados de 2025, pero aún no ha sido votado en el Pleno. Posteriormente tendría que ser enviado a la Cámara de Diputados.
Energía: un indicador que puede medirse
Dentro de las operaciones empresariales, el consumo de energía es uno de los indicadores ambientales susceptibles de ser auditados mediante datos cuantificables.
“La energía puede medirse, documentarse y verificarse con datos duros”, afirmó Cantú. Esta información permite relacionar el desempeño energético de una instalación con las acciones emprendidas por una empresa dentro de sus estrategias ambientales.
Entre las herramientas que generan registros se encuentran los contratos de compraventa de energía solar o PPA, los sistemas de almacenamiento con baterías —BESS— y los Certificados de Energía Limpia (CEL).
Estos esquemas pueden aportar información sobre el volumen de energía limpia consumida, la energía almacenada y gestionada, las emisiones evitadas y el comportamiento del consumo por instalación y periodo. Los datos pueden utilizarse para respaldar declaraciones ambientales y reportes ESG.
El comunicado también señala que la generación distribuida permite medir la reducción de electricidad comprada a la red y, con ello, la disminución correspondiente de emisiones de Alcance 2.
BESS y generación distribuida aportan datos
Además de incorporar tecnologías energéticas, el seguimiento de su operación permite documentar resultados. Cantú explicó que las mediciones y el monitoreo pueden utilizarse para respaldar estrategias de sostenibilidad y mostrar el impacto de las acciones ESG implementadas por las organizaciones.
Bajo su modelo de Energy as a Service (EaaS), Energía Real trabaja con compañías industriales, comerciales e inmobiliarias mediante soluciones que incluyen generación distribuida, baterías de almacenamiento de energía y suministro calificado.
De acuerdo con la empresa, estas soluciones incorporan monitoreo en tiempo real para documentar tanto el origen como el impacto de la energía consumida.
La discusión legislativa coloca así la medición y documentación del consumo energético entre los elementos que las empresas pueden utilizar para sustentar la información ambiental que comunican, en caso de que la reforma avance en el proceso legislativo.
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