La posible ampliación de los sistemas de recuperación de vapores de gasolina (SRV) a un mayor número de estaciones de servicio representaría inversiones de entre 3 mil y 8 mil millones de pesos para el sector gasolinero, de acuerdo con una estimación de PetroIntelligence.
Actualmente, 3 mil 63 estaciones están obligadas a contar con estos equipos, pero una eventual actualización de la regulación podría extender el requerimiento a otras 6 mil gasolineras, que tendrían que instalar o adaptar la infraestructura necesaria para capturar los vapores que se generan durante el despacho de combustibles.
El costo estimado por estación oscila entre 500 mil y 1.3 millones de pesos, dependiendo de las características de cada instalación y de la tecnología utilizada. Con ello, la adecuación representaría una inversión relevante para los empresarios del sector, especialmente para quienes operan estaciones independientes.
Los sistemas de recuperación de vapores permiten capturar las emisiones que se producen al suministrar gasolina y evitar que se liberen directamente a la atmósfera. La regulación vigente es la NOM-004-ASEA-2017, mientras que una eventual modificación ampliaría el universo de estaciones sujetas a esta obligación.
El análisis identifica dos alternativas tecnológicas: equipos que destruyen los vapores mediante combustión y sistemas que los recuperan para utilizarlos como combustible. En este último caso, la inversión podría recuperarse en un periodo de tres a cinco años, según las estimaciones presentadas.
Pagos digitales también presionan a las estaciones
La adaptación tecnológica no sería el único reto para las gasolineras. La implementación de pagos digitales también obligaría a reforzar su infraestructura y conectividad, en un sector donde todavía existe una participación importante de las operaciones en efectivo.
De acuerdo con las estimaciones del documento, las estaciones de servicio registran ventas mensuales por alrededor de 97 mil 683 millones de pesos. De ese monto, 28 mil 602 millones corresponden a pagos en efectivo, equivalentes a 29.3 por ciento, mientras que las tarjetas de débito y crédito concentran en conjunto 68.6 por ciento.
La transición enfrenta obstáculos de conectividad. El análisis identifica 203 estaciones fuera de la cobertura móvil garantizada y otras 350 que dependen de Altán como única red con cobertura asegurada, para un total de 553 establecimientos con limitaciones en este rubro.
La falta de conexión puede retrasar las autorizaciones de pago y generar demoras en el despacho, además de elevar los costos operativos por la contratación de redes alternas, terminales y soluciones de respaldo.
Nuevas reglas comerciales reconfiguran el mercado
Otro cambio para la industria proviene de las disposiciones administrativas de carácter general para la comercialización de hidrocarburos, publicadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre.
Las reglas establecen nuevas obligaciones para los titulares de permisos de comercialización de gas natural, petrolíferos, gas licuado de petróleo y petroquímicos. Entre otros requisitos, una empresa comercializadora que venda a otra del mismo tipo deberá acreditar la contratación de servicios de transporte, almacenamiento o distribución y contar con al menos un permiso adicional relacionado con el producto.
El análisis advierte que estas condiciones podrían favorecer modelos de integración vertical y modificar la participación de intermediarios, transportistas y comercializadores independientes. Sin embargo, señala que todavía no es posible cuantificar cuántas empresas podrían salir del mercado ni el impacto sobre el transporte de combustibles.
En paralelo, el documento identifica 12 titulares de permisos de importación de petrolíferos y destaca que algunas empresas ya cuentan con permisos de almacenamiento o distribución, lo que les permitiría operar con mayor participación en la cadena de suministro.
Cambios fiscales agregan presión operativa
El sector también enfrenta ajustes fiscales. Entre ellos figura el mecanismo propuesto para calcular el IEPS a partir de la diferencia positiva entre los litros de combustible vendidos y comprados durante un mismo mes, por tipo de producto.
La metodología podría generar diferencias fiscales cuando una estación venda más litros de los que adquirió en el periodo, incluso si parte del volumen proviene de inventarios acumulados en meses anteriores. El análisis advierte que esta situación puede representar un riesgo para las estaciones que manejan existencias de combustible.
En contraste, durante el proceso legislativo se incorporó una excepción para las empresas autorizadas que venden, distribuyen o comercializan gasolina y diésel, dentro del límite a las deducciones del ISR para compañías con ingresos superiores a 50 millones de pesos.
Los cambios regulatorios, fiscales y tecnológicos plantean nuevas necesidades de inversión para las estaciones de servicio, desde la instalación de equipos ambientales hasta la adaptación de sistemas de pago y el cumplimiento de requisitos comerciales.
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