El Gobierno federal desmanteló una de las principales redes de robo y comercialización ilegal de hidrocarburos en el país, con una capacidad de extracción de hasta 1.5 millones de litros semanales y un esquema operativo que abarcaba toda la cadena del negocio, desde la sustracción hasta su venta en el mercado formal.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, tras siete meses de investigación, se logró la detención de 14 personas vinculadas a esta red, entre ellas su líder, Mauricio “N”, alias “El Burras”, identificado como operador ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El funcionario detalló que la organización operaba mediante un esquema integral que incluía la extracción ilegal en ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el traslado en pipas y tractocamiones, almacenamiento en instalaciones clandestinas y su posterior distribución a través de canales formales, incluso con el uso de transporte marítimo.
Como resultado de cateos en 20 inmuebles en el Estado de México e Hidalgo, las autoridades aseguraron más de 100 mil litros de gas LP, decenas de autotanques, pipas y tractocamiones, así como armas, droga, dinero en efectivo y equipo tecnológico, además de clausurar una toma clandestina.
La red también contaba con un componente financiero estructurado. De acuerdo con las autoridades, utilizaba al menos 10 empresas fachada y prestanombres para lavar recursos y simular operaciones comerciales, lo que le permitía introducir el combustible ilegal al mercado sin levantar alertas.
Este caso se suma a investigaciones previas que evidencian el tamaño del negocio ilícito. El vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara López, señaló que se han identificado esquemas de “huachicol fiscal” que implican simulaciones comerciales por hasta 23 mil millones de pesos, mediante el uso de documentación falsa y la importación irregular de hidrocarburos etiquetados como otros productos.
Las indagatorias también revelaron la operación de redes de “petrofactureros”, integradas por más de 40 empresas sin infraestructura real, utilizadas para emitir facturación apócrifa y ocultar el origen ilícito de los recursos.
En paralelo, operaciones en entidades como Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México permitieron la captura de otros siete implicados, incluyendo a un operador logístico encargado de coordinar el suministro ilegal de gasolina y diésel en diversas regiones del país.
Las autoridades destacaron que estas organizaciones generan ganancias ilícitas millonarias y provocan afectaciones significativas a la economía nacional, al evadir impuestos, distorsionar el mercado de combustibles y competir de manera desleal con empresas formales del sector.
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