Órganos reguladores deben separarse de decisiones políticas, especialistas

Pese a que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fue constituida como una institución encargada de regular el sector energético, no tiene la autonomía suficiente al no estar separada del Ejecutivo Estatal, es decir, mezcla lo técnico con lo político, coincidieron especialistas.

Cristina Massa, especialista en antimonopolio y competencia, indicó que la CRE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se enfrentan al reto de resolver su estructura a partir de cuestiones legales.

Por su parte, José María Lujambio, socio en Cacheaux, Cavazos & Newton, señaló que existió un error por parte de quienes negociaron la reforma en materia energética de 2013 puesto que le restaron autonomía constitucional a la CRE en comparación con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

“No había ninguna razón de diseño institucional para no haberlo hecho así, finalmente el Ifetel y la CRE son órganos similares en materia de regulación de mercados en infraestructura de red. Entonces, había que sacar a la CRE de la órbita del poder Ejecutivo y convertirlo en Órgano Constitucional Autónomo”, expresó.

Ramsés Pech, especialista del sector energético, cuestionó el papel del Cenace y de la CRE luego de que la reforma energética haya sido pausada en 2018 con la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues estas instituciones deben ayudar a que fluya el mercado con mínimo de costos para usuarios finales.

“La reforma energética ha sido mal conceptualizada porque no es el plan, sino la herramienta para poder hacerlo e íbamos bien en 2015, pero a partir de 2018 se ha parado y hoy debemos preguntarnos ¿Para qué quieres al regulado hoy en día? Y ¿En qué nos puede ayudar el Cenace en futuro?” apuntó en el Foro ‘Luz limpia para todos los mexicanos’ de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Susana Cazorla, directora y socia fundadora de Sicernegy, señaló que los órganos reguladores deben estar separados de las decisiones políticas, ya que no puede ser dependiente de secretarías de Estado.

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