ASF advierte riesgos ambientales, rentables y arquitectónicos en Dos Bocas
A pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que la refinería de Dos Bocas se construye evitando daños medioambientales, considerando su viabilidad económica y sin opacidad en los contratos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió lo contrario.
De acuerdo con el organismo fiscalizador, los estudios previos a la construcción del megaproyecto no contemplaron los altos riesgos de inundación marina y fluvial en la zona, lo cual afectaría las operaciones y seguridad de las instalaciones, pues habría paros no programados en las actividades y sobrecostos en el desarrollo de las obras adicionales para mejorar la infraestructura.
“(…) uno de los principales aspectos técnicos en los que el proyecto presentará problemáticas se refiere al alto riesgo de inundabilidad marítima o fluvial de la zona en la que se está construyendo la refinería, el cual no fue suficientemente evaluado en el caso de negocio del proyecto”, se lee en el informe 409-DE.
La obra podría tener implicaciones serias en la sobreestimación de su utilidad puesto que Pemex Transformación Industrial prevé que la refinería opera al 90 por ciento de si capacidad, en tanto la Secretaría de Energía manifestó que será el 78.5 por ciento, destacando que las otras refinerías funcionan al 36.4 por ciento.
Entre las consecuencias principales se encuentra la poca rentabilidad de la unidad para el Estado, provocándole pérdidas millonarias.
“(…) bajo un escenario mínimo de producción de petróleo crudo, la distribución en el Sistema Nacional de Refinación disminuiría proporcionalmente; además, en relación con la Refinería Dos Bocas, ésta procesaría 156 millones de barriles en 2032, lo que significaría un porcentaje de utilización de su infraestructura de 45.9por ciento respecto de la capacidad de procesamiento de 340 millones de barriles definida en el caso de negocio del proyecto de inversión”, explicó la ASF.
Por otra parte, indicó que Pemex no realizó el proceso necesario para otorgar 27 contratos a 23 empresas por 20 mil 490 millones de pesos e hizo un llamado a presentar la aclaración de 75 millones 951 mil pesos en contratos sin apego a la ley.
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