CFE International LLC (CFEi), la filial estadounidense de la Comisión Federal de Electricidad, demandó ante una corte federal de Houston, Texas, a sus exdirectivos Guillermo Turrent Schnaas y Javier Gutiérrez Becerril, por presunta “corrupción rampante, amiguismo y conflictos de interés” al otorgar contratos de suministro de gas natural, a una empresa con la que mantenían vínculos personales no revelados.
Un juez federal ordenó el 10 de agosto de 2026 que el caso proceda a juicio, tras rechazar la petición de los acusados de desestimarlo por completo.
La resolución, firmada por la jueza Lee H. Rosenthal, mantiene vivas las dos acusaciones centrales de la demanda, por incumplimiento de contrato y violación de deberes fiduciarios.
Turrent fue el primer director general de CFEi y también miembro de su consejo de administración; Gutiérrez fue el primer director de operaciones. Ambos ocuparon los mismos cargos en CFEnergía S.A. de C.V., la empresa “hermana” de CFEi dentro del Grupo CFE.
De qué se les acusa
Según la demanda, entre 2012 y 2018 Turrent y Gutiérrez participaron en acuerdos de gas y petróleo que beneficiaron a WhiteWater Midstream LLC (WWM) y a sus ejecutivos, entre ellos Matthew Calhoun, cofundador y alto directivo de esa compañía, con quien ambos mantenían relaciones personales y de negocios de larga data.
CFEi alega que Turrent y Gutiérrez nunca informaron a los consejos de administración de CFE ni de CFEi sobre esos vínculos, ni que la firma de consultoría de Gutiérrez, ligada al mismo domicilio que el de Calhoun, recibió más de 250 mil dólares en ingresos mientras Gutiérrez ocupaba el cargo de director de operaciones de CFEi.
La demanda detalla que en 2016 Turrent y Gutiérrez otorgaron a WWM el West Texas Supply Agreement y los Waha Connector Agreements sin llevar a cabo un proceso de licitación justo y en condiciones de mercado.
CFEi sostiene que ambos directivos ocultaron las deficiencias de la propuesta de WWM mediante la creación de un “registro falso” que aparentaba un proceso competitivo, favoreciendo a esa empresa pese a que otras compañías más establecidas ofrecían mejores condiciones.
El West Texas Supply Agreement obligaba a WWM a suministrar a CFEi hasta mil millones de pies cúbicos de gas natural al día durante 15 años, a partir de 2019. En 2017, los mismos directivos otorgaron a WWM un tercer contrato, el South Texas Supply Agreement, que según la demanda le costará a CFEi miles de millones de dólares a lo largo de su vigencia y resulta contrario a los intereses de la empresa.
CFEi calcula que el daño económico al “Grupo CFE”, que incluye a CFE y a CFEnergía, asciende a al menos cientos de millones de dólares, mientras que el perjuicio directo a CFEi supera el millón de dólares.
La empresa busca recuperar esa cantidad, además de la restitución de sueldos, bonos y cualquier ganancia personal que los acusados hayan obtenido de sus presuntos actos corruptos, así como daños punitivos.
El argumento de la defensa
Turrent y Gutiérrez pidieron al tribunal desestimar el caso por completo, o al menos excluir parte de los daños reclamados, argumentando que CFEi es un simple “centro de costos” para CFE y CFEnergía.
Según esa lógica, como estas últimas terminan absorbiendo los gastos de CFEi, la empresa no podría demostrar haber sufrido un daño real aunque los precios pagados hayan sido más altos de lo debido.
La jueza rechazó este argumento, conocido como defensa de “traslado de costos” o “pass-through”, citando un precedente de la Suprema Corte de Estados Unidos de 1918 (Southern Pacific Co. v. Darnell-Taenzer Lumber Co.), según el cual la ley generalmente no analiza lo que ocurre después de que la parte directamente afectada sufre el daño inicial.
El tribunal también señaló que los propios acusados habían argumentado, de manera contradictoria, que ni CFE ni CFEnergía tenían legitimación para demandar directamente, lo que, de aceptarse su otro argumento, dejaría a CFEi sin ninguna vía para reclamar el daño.
La resolución añade que, bajo la ley de Delaware, que rige ambas reclamaciones, es posible obtener daños nominales tanto en casos de incumplimiento de contrato como de violación de deberes fiduciarios, e incluso ordenar la restitución de ganancias del fiduciario aunque no se demuestre un perjuicio directo a la parte afectada.
Como parte de su reclamo, CFEi presentó el análisis de la profesora Karen Hopper Wruck, quien calculó el daño sufrido por la empresa comparando el valor real de su cartera de contratos de suministro y transporte de gas con un escenario hipotético en el que no hubiera pagado de más ni comprado gas en exceso.
Turrent y Gutiérrez cuestionaron la metodología de este análisis, pero no presentaron una impugnación formal bajo el estándar Daubert, el mecanismo legal habitual para objetar la validez de un testimonio pericial, por lo que la jueza determinó que las diferencias entre peritos son un asunto que corresponde resolver al jurado durante el juicio, no motivo para una sentencia sumaria.
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