El Senado de la República consumó un cambio estructural que redefine y debilita la arquitectura institucional de las telecomunicaciones en México. Con 74 votos a favor y 33 en contra, los legisladores ratificaron los nombramientos enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar la recién creada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el organismo que sustituye al desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Con esta decisión, el IFT deja de existir oficialmente, cerrando un ciclo de más de una década en la que México contaba con un regulador autónomo, técnico y reconocido internacionalmente por su independencia y capacidad para equilibrar el poder de los grandes operadores del sector.
La CRT, en cambio, nace subordinada a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), un ente del Ejecutivo federal. Y aunque la ley le confiere “autonomía técnica y operativa”, esa autonomía se vuelve más una formalidad que una realidad, especialmente cuando se revisa el perfil y el origen de los nuevos comisionados.
Tres de los cinco integrantes de la nueva comisión provienen directamente de la ATDT: Ledenika Mackensie Méndez González, antes directora de Seguridad Espacial; Tania Villa Trápala, exdirectora de Políticas de Telecomunicaciones; y Norma Solano Rodríguez, excoordinadora nacional de Transformación Digital.
A ellos se suman María de las Mercedes Olivares Tresgallo, vinculada al sistema de radiodifusión universitaria, y Adán Salazar Garibay, proveniente de la Agencia Espacial Mexicana.
Más allá de su formación o experiencia técnica, la coincidencia en su procedencia institucional revela una línea clara de continuidad política y administrativa. El Ejecutivo no sólo diseñó la nueva estructura regulatoria, sino que ahora controla directamente quién la encabeza.
El cambio más preocupante, sin embargo, radica en el proceso de selección. Se eliminó el examen de conocimientos técnicos y de competencia, un filtro que garantizaba profesionalismo y neutralidad. Ahora, los comisionados son designados por propuesta directa del Ejecutivo federal y ratificación del Senado, replicando el esquema que prevalecía en la extinta Cofetel, precisamente el modelo que se superó con la reforma de 2013.
En otras palabras, retrocedimos más de una década.
La independencia, el rigor técnico y la imparcialidad, principios fundacionales del IFT, quedan sustituidos por la cercanía política, la afinidad ideológica y la lealtad al partido en el poder. En lugar de árbitros, tendremos operadores. En vez de un regulador, una oficina ejecutora de políticas.
Y cuando un regulador pierde su independencia, pierde también la confianza del mercado, de los inversionistas y de los ciudadanos. México pasa de ser un país con una autoridad regulatoria de referencia en América Latina a un escenario donde las decisiones sobre espectro, concesiones, tarifas o licencias recaerán, en última instancia, en el ámbito político.
La historia parece repetirse, de la Cofetel a la CRT, pasando por un breve oasis de autonomía con el IFT. Pero ahora, el reloj institucional marca nuevamente la hora del retroceso.
Por qué importa: 6 claves para entender el cambio
- El IFT desaparece totalmente: México pierde un regulador autónomo que equilibraba el poder del Estado y las empresas de telecomunicaciones.
- La CRT depende del Ejecutivo: Aunque se dice “autónoma”, está bajo la estructura de la ATDT, una agencia del gobierno.
- El proceso de selección se politiza: Ya no hay examen técnico; los comisionados son propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado.
- Tres de los cinco nuevos comisionados vienen de la ATDT, lo que deja en duda su independencia.
- Retroceso institucional: El nuevo modelo recuerda a la Cofetel, cuando las decisiones se tomaban con criterios políticos, no técnicos.
- Impacto económico y de confianza: La pérdida de autonomía regulatoria puede desalentar inversiones y violar compromisos internacionales como el T-MEC.
Comenta y síguenos en X: @Adri_Telecom / @Energy21Mx
