El sector privado pidió al gobierno federal pasar de los anuncios y mecanismos planteados en el Plan México a la ejecución de proyectos concretos de infraestructura, con esquemas capaces de movilizar capital privado y financiamiento de largo plazo.
José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), reconoció los avances para construir nuevos mecanismos de inversión mixta, pero advirtió que el reto ahora es llevarlos a la práctica y convertirlos en infraestructura que impulse la productividad, el crecimiento y la competitividad del país.
“Necesitamos tres elementos: infraestructura que conecte, financiamiento que haga posibles los proyectos y regulación que dé certeza”, señaló durante el foro Inversión en Infraestructura como Detonador de Crecimiento: Oportunidades del Plan México, organizado por el CCE, el Consejo Mexicano de Negocios y la AMAFORE.
El planteamiento empresarial coloca la ejecución como el siguiente desafío del Plan México. Para que los proyectos puedan atraer capital privado, deberán contar con viabilidad técnica y financiera, además de reglas claras para los inversionistas.
Uno de los principales puntos de atención será la distribución de riesgos. El sector privado considera necesario establecer esquemas contractuales y regulatorios que den certidumbre sobre las condiciones bajo las cuales participarán las empresas y las instituciones financieras.
En este sentido, Guillermo Zamarripa, presidente de la AMAFORE, destacó que tanto la regulación como los contratos serán determinantes para detonar grandes proyectos de infraestructura y alcanzar los objetivos del Plan México.
La participación de las Afores abre además una fuente potencial de financiamiento de largo plazo para proyectos de infraestructura, siempre que existan condiciones que permitan canalizar el ahorro pensionario hacia inversiones con riesgos y rendimientos adecuados.
Banca de desarrollo, pieza clave
Medina Mora también señaló a la banca de desarrollo como un catalizador para la inversión, particularmente mediante la estructuración de proyectos, la combinación de distintas fuentes de financiamiento y la movilización de capital hacia infraestructura estratégica.
El objetivo es que los recursos públicos no tengan que cubrir por sí solos las necesidades de inversión, sino que funcionen como un componente capaz de atraer recursos privados y ampliar la capacidad financiera disponible para las obras.
La discusión adquiere relevancia en el marco de la nueva Ley de Infraestructura, que busca establecer condiciones para una mayor participación privada. Sin embargo, para el sector empresarial, la existencia de nuevos mecanismos no será suficiente si los proyectos no llegan al mercado con estructuras financieras sólidas y reglas previsibles.
El reto, por tanto, será transformar el Plan México de una agenda de inversión en una cartera de proyectos ejecutables, con mecanismos claros para repartir riesgos, contratos que otorguen certidumbre y fuentes de financiamiento de largo plazo.
Para el CCE, la ecuación es clara: el gobierno aporta inversión pública y certidumbre, mientras el sector privado y el sistema financiero complementan los recursos necesarios para convertir los proyectos de infraestructura en obras concretas.
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