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Efectos sociales de la Reforma Eléctrica enviada por el ejecutivo

Mucho se ha hablado sobre los impactos económicos, ambientales, legales y de competencia de la reforma enviada al Congreso por el Ejecutivo el pasado 30 de septiembre; sin embargo, hay que señalar con gran importancia los efectos que conlleva esta iniciativa al bienestar social de los usuarios finales de energía, especialmente a la población.

Como sabemos, el incremento de la demanda de energía tiene una relación directa con el crecimiento poblacional y los cambios tecnológicos de un mundo en constante cambio, de ser la CFE el organismo encargado de suministrar toda la energía a los mexicanos, se verá obligada a incrementar su producción con plantas menos eficientes, lo que se traducirá en mayores costos de producción y al no existir un mercado con base en costos, las empresas pagarán un costo más alto sobre la electricidad al comprar la energía solo a la CFE, lo que generará que los precios de productos y servicios sean más caros, por tratarse la electricidad de un insumo básico.

El costo de estos cambios en la producción de energía se expanden también a la salud de los usuarios finales ya que la producción de energía eléctrica a base de combustóleo emite dióxido de azufre o SO2 que afecta al sistema respiratorio.

Se pensará que este incremento de costos pueda mitigarse con establecer bajas tarifas al suministro básico, sin embargo, los cambios en la regulación en materia eléctrica no tendrán un impacto temprano en los costos de los usuarios de suministro básico, pero si a las empresas por un costo más alto de la generación eléctrica de la CFE frente a la iniciativa privada y se crearía un subsidio cruzado en el que el aumento del costo de la electricidad a las empresas se traslada al usuario final en los productos y servicios que ofrecen, los altos costos de la CFE se tendrán que financiar o subsidiar por parte de la SHCP para no incrementar los costos de la energía en el suministro básico, afectando las finanzas públicas.

 

Al ejercer más presión sobre las finanzas públicas para poder mantener los costos no más allá de la inflación, traerá consigo más deuda, incremento en impuesto, desvío de recursos que podrían invertirse en servicios públicos como salud, educación, transporte y otros sectores prioritarios, esto incluye mayores restricciones presupuestales para el gobierno, ocasionándole dificultades para sostener o incrementar los beneficios a ciertos programas sociales.

Consulta el texto completo en la RevistaE21 diciembre-enero

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