Un juez federal puso freno, por ahora, a la terminal de licuefacción AMIGO GNL, prevista en Sonora para exportar gas natural hacia Asia, con lo cual no podrá obtener autorización ambiental hasta que se resuelva un juicio de amparo por presuntas irregularidades en el proceso.
Se trata de uno de los proyectos energéticos más relevantes en el noroeste del país, la medida, una suspensión definitiva, obliga a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) a abstenerse de emitir cualquier permiso en materia de impacto ambiental mientras se analiza el fondo del litigio promovido por organizaciones civiles como Nuestro Futuro A.C. y Artículo 19.
El eje del conflicto está en la falta de acceso a información ambiental completa y en cuestionamientos al proceso de consulta pública, donde los demandantes argumentan que no se garantizó una participación adecuada ni transparente. El juzgado consideró que existen elementos suficientes para evitar que el proyecto avance sin antes revisar estas posibles violaciones.
AMIGO GNL contempla exportar más de 5.1 millones de toneladas anuales de gas natural licuado, mediante infraestructura terrestre y marítima en Guaymas.
Su operación implicaría tráfico constante de buques metaneros, dragados y actividad industrial intensiva en el Golfo de California, una de las regiones marinas más biodiversas del mundo.
Durante la consulta pública realizada en marzo, más de 4 mil 800 personas enviaron observaciones solicitando que el proyecto no fuera autorizado. Entre los principales señalamientos destacan omisiones en la Manifestación de Impacto Ambiental, riesgos acumulativos no evaluados y posibles afectaciones a especies marinas, particularmente cetáceos.
El freno judicial también expone una tensión institucional. Mientras organizaciones ambientales y comunidades cuestionan el proyecto, autoridades estatales y actores del sector energético han respaldado su desarrollo, considerándolo estratégico para detonar inversión y posicionar a Sonora en el mercado global de GNL, pese a que aún no cuenta con todos los permisos.
Además del impacto ambiental, el caso también abordará el cumplimiento de derechos de acceso a la información y participación pública bajo estándares nacionales e internacionales, como el Acuerdo de Escazú.
La suspensión permanecerá vigente hasta que se emita una sentencia definitiva, con lo cual se congela cualquier avance regulatorio del proyecto y coloca su viabilidad en un terreno de alta incertidumbre, tanto jurídica como social.
