Reforma Eléctrica va con fines políticos y de control, afirman especialistas

Pese a que el gobierno Federal se ha empeñado en resaltar que la Reforma Eléctrica tiene como objetivo fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ésta tiene fines políticos y de control, pues busca estatizar al sector eléctrico a nivel nacional, consideró Montserrat Ramiro, excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

“Creo que es una reforma política, de control, es una reforma que busca estatizar el sector eléctrico y tiene una gravedad muy importante para toda la economía”, expresó durante su participación en el foro “Descifrando los desafíos” del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Externó su preocupación por la falta de oferta en el sector energético, ya que si la iniciativa privada no tiene diferentes opciones de suministro eléctrico esto genera un control político que va más allá de la competitividad o la incertidumbre en el clima de inversión.

Francisco Salazar, excomisionado presidente de la CRE, resaltó que la Reforma Energética de 2013 no afectó a la CFE sino que la benefició con el monopolio natural de la transmisión y distribución donde, a su parecer, debe invertir pues le asegura el retorno de inversión.

Agregó que la Comisión se encuentra en números negativos en la parte de generación debido a que no es lo suficientemente competitiva; sin embargo, tiene grandes utilidades en transmisión y distribución.

“No vas invertir en aquellas actividades donde estás perdiendo y tendrías que hacerlo en donde hay rentabilidades aseguradas, no tienes competencia y te va a ir bien (…) Eso es lo que debería estar haciendo la CFE, estar invirtiendo en transmisión y distribución porque estaría sana desde el punto de vista financiero, estaría beneficiando a todos y no tendría que preocuparse en actividades donde no puede competir”, comentó durante su intervención.

Salazar enfatizó que la administración encabezada por López Obrador, se ha caracterizado por hacerle más daño financiero a las empresas productivas del Estado como la CFE o Pemex.

A esta opinión se suscribió, Oscar Campo, coordinador de Energía del IMCO, agregando que la Comisión no es una empresa competitiva para impulsar la transición energética y cuestionó que, al no contar con estas fuentes energéticas, sea quien lidere este proceso.

“¿Qué pasa con esto? México se presentaría a la Conferencia de Glasgow con una situación más precaria que con la que llegó a París, pues se presentaría sin cumplir estos compromisos, en una cumbre donde los países van a ir más allá de esto con metas más ambiciosas. México estaría retrocediendo 30 años con esta reforma”, puntualizó.

Finalmente, los tres especialistas coincidieron en que la reforma no debe ser analizada como lo consideró el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino que no tienen que aprobarla por las implicaciones que conlleva.