La digitalización de los pagos parece, a primera vista, un paso lógico hacia el progreso. Reducir el uso de efectivo fomenta la trazabilidad, mejora la seguridad, incrementa la eficiencia y fortalece el combate a las operaciones irregulares. El problema surge cuando una política diseñada para modernizar la economía pretende aplicarse sin matices en un país atravesado por profundas desigualdades regionales y tecnológicas.
La iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, presentada el pasado 8 de septiembre, pone este dilema sobre la mesa. Aunque el proyecto continúa en proceso legislativo y aún no constituye derecho vigente, su artículo 13 contempla la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar sectores estratégicos en los que el pago digital se convierta en la única vía de cobro aceptada. Las estaciones de servicio no están explícitamente incluidas, pero tampoco excluidas.
Ahí radica el verdadero centro del debate.
Una política nacional frente a realidades regionales
Discutir la exclusividad de los pagos digitales desde los centros financieros de la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara resulta idílico. Sin embargo, el mercado de combustibles no se limita a las grandes zonas metropolitanas.
Las estaciones de servicio operan también en tramos carreteros, municipios pequeños, comunidades rurales y regiones donde la infraestructura de telecomunicaciones es deficiente. Una transacción digital exitosa depende de una cadena de factores simultáneos:
energía eléctrica, señal celular o internet, terminales operativas, bancos adquirentes, procesadores de datos y sistemas de despacho local.
Si un solo eslabón falla, la operación se detiene. En una tienda de conveniencia, la falla de una terminal implica que el cliente posponga su compra. En una gasolinera en medio de la carretera, el problema deja de ser meramente comercial para convertirse en una crisis de movilidad y continuidad del suministro.
Digitalizar no debe significar excluir
Una transición obligatoria hacia el cobro 100% digital asume, erróneamente, que la totalidad de la población cuenta con acceso efectivo a una cuenta bancaria, un teléfono inteligente, conectividad continua y las habilidades necesarias para manejarlos. México aún no está en ese punto.
Ante este panorama, voceros y representantes del sector gasolinero han comenzado a señalar la necesidad de implementar instrumentos simplificados y prepagados para la población no bancarizada, así como esquemas de capacitación para adultos mayores y usuarios con baja alfabetización digital.
La paradoja es clara: una política concebida para impulsar la inclusión financiera podría terminar creando una barrera de acceso a un bien de primera necesidad.
Existe una diferencia sustancial entre obligar a los establecimientos a ofrecer alternativas digitales de pago y obligarlos a rechazar el efectivo. Lo primero amplía las libertades del consumidor; lo segundo las restringe.
Transparencia tecnológica y costos ocultos
El uso de efectivo implica riesgos de seguridad y costos de traslado, pero la infraestructura digital tampoco es gratuita. Las comisiones bancarias, los tiempos de dispersión, los contracargos, los fraudes transaccionales y la actualización tecnológica representan costos reales para el gasolinero. Esta transición no debería traducirse en un sobrecosto que termine impactando el precio final al consumidor.
Para mitigar este riesgo, es fundamental garantizar la neutralidad tecnológica. La digitalización no puede limitarse a las tarjetas de crédito o débito tradicionales; debe integrar activamente plataformas públicas e interoperables como CoDi o Dimo para diversificar las opciones y reducir la dependencia de intermediarios financieros específicos.
Gradualidad basada en indicadores, no en calendarios
Una política pública sólida en esta materia debe medirse con indicadores reales de desarrollo y no mediante plazos arbitrarios en el calendario. Antes de restringir el uso de efectivo en una región, las autoridades deberían evaluar:
- La cobertura efectiva de las redes de telecomunicaciones.
- El nivel de penetración bancaria local.
- El porcentaje real de operaciones digitales en la zona.
- La tasa de disponibilidad y frecuencia de fallas en los sistemas de pago.
Reconocer estas variables permitirá asumir una verdad elemental: México comparte el objetivo de la digitalización, pero sus regiones no pueden recorrer el camino a la misma velocidad. Una estación urbana con múltiples redes de respaldo no enfrenta los mismos retos que una estación de montaña con señal intermitente. Regularlas bajo la misma vara no genera modernización, sino mayor desigualdad.
La tecnología como puente, no como muro
El sector de los combustibles en México atraviesa una etapa de transformación profunda donde la trazabilidad, los controles volumétricos y la fiscalización son prioritarios. Los pagos electrónicos son aliados indispensables en este proceso, pero la tecnología debe mantenerse al servicio del ciudadano y de la operación cotidiana, nunca convertirse en un obstáculo de abasto.
La pregunta que debemos formularnos como país no es cuándo eliminaremos el efectivo, sino:
¿Cuándo contaremos con la infraestructura necesaria para garantizar que ningún mexicano se quede varado en la carretera simplemente porque la terminal perdió la señal o porque no cuenta con una tarjeta de débito?
Digitalizar a México es indispensable. Suponer que todo México ya está listo para ello es un grave error de diagnóstico.
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