La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reprogramó la firma de contratos de los proyectos bajo el esquema de inversión mixta, debido a un ajuste en el calendario de uno de los procesos más relevantes del nuevo modelo eléctrico.
De acuerdo con un aviso emitido por la empresa estatal, la firma de los contratos se realizará el 3 de julio de 2026, mientras que la entrega de garantías quedó fijada para el 30 de junio.
La CFE explicó que la decisión responde a la necesidad de garantizar mejores condiciones de contratación, luego de la adjudicación de los proyectos realizada el pasado 5 de junio.
Garantías, el cuello de botella
El ajuste ocurre en una fase crítica del proceso, ya que la formalización contractual es el paso previo al inicio de ejecución de los proyectos, los cuales forman parte del nuevo esquema que combina inversión pública y privada para ampliar la capacidad de generación eléctrica del país.
Uno de los elementos centrales del cambio es la entrega de garantías, requisito indispensable para concretar la firma de los contratos, lo que apunta a posibles ajustes financieros o administrativos por parte de los participantes.
El cambio también refleja la complejidad del modelo de inversión mixta, que implica la participación de empresas privadas bajo condiciones específicas de financiamiento, operación y riesgo compartido con el Estado.
Si bien la CFE no detalló las causas específicas del ajuste, el hecho de que se modifiquen los plazos tras la adjudicación apunta a una fase de calibración en las condiciones contractuales y operativas de los proyectos.
Retrasos en obras
El retraso podría tener implicaciones en los tiempos de arranque de las obras, lo que eventualmente impactaría el calendario de incorporación de nueva capacidad al Sistema Eléctrico Nacional.
Este proceso forma parte de los primeros paquetes de proyectos bajo el nuevo modelo energético impulsado por el gobierno federal, por lo que su evolución es vista como una señal clave sobre la viabilidad y ejecución de este esquema.
La reprogramación no implica la cancelación de los contratos, pero complica la etapa de cierre que enfrenta ajustes en un momento decisivo para la consolidación de los proyectos eléctricos en el país.
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