La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sanción impuesta a Gas Express Nieto por incurrir presuntamente en prácticas monopólicas en el mercado de gas LP, aunque la discusión del caso estuvo marcada por un momento de tensión entre algunos integrantes del pleno.
El asunto fue presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien propuso validar la multa determinada originalmente por la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la empresa distribuidora de gas LP, al considerar que sus prácticas afectaron la competencia en más de 200 mercados mediante sus plantas de distribución.
La sanción forma parte de una multa histórica más amplia impuesta a 53 empresas gaseras y 34 personas físicas. El Pleno de la Cofece determinó que estas acciones anticompetitivas ocurrieron entre 2007 y 2019, causando un daño estimado de 13.3 mil millones de pesos a los consumidores.
Tras agotar los recursos de amparo, la Segunda Sala de la Corte dejó firmes los dictámenes, cerrando la puerta legal a los recursos interpuestos por los empresarios.
Discusión en la Corte
Durante el análisis del proyecto, el ministro Giovanni Figueroa Mejía planteó modificar algunos apartados del documento para otorgar mayor claridad a los argumentos jurídicos.
Sin embargo, mientras Figueroa exponía su postura, la ministra Batres se levantó de su lugar y se acercó al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz para conversar sobre otro tema. La situación provocó que el ministro interrumpiera momentáneamente su participación al notar que no estaba siendo atendido.
Después de unos segundos de silencio, Aguilar Ortiz pidió a Figueroa continuar con su intervención.
“¿Puedo continuar?”, respondió el ministro con visible molestia.
Aunque el presidente de la Corte le dio la palabra nuevamente, Batres no volvió de inmediato a su lugar. Al concluir su exposición, Figueroa agradeció de manera irónica al ministro presidente por la atención prestada durante su participación.
Pese al desencuentro, las observaciones formuladas por Figueroa y otros ministros fueron incorporadas al proyecto presentado por Batres, que finalmente fue aprobado por el pleno.
Con la resolución, la Suprema Corte determinó que las atribuciones que tenía la extinta Cofece para investigar y sancionar prácticas monopólicas son compatibles con los principios de libre competencia y libre concurrencia establecidos en la legislación mexicana.}
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