La iniciativa privada quedará relegada a un papel consultivo, sin capacidad de decisión, dentro del Consejo de Planeación Energética de la Secretaría de Energía (SENER), de acuerdo con los lineamientos de operación publicados hoy.
El Artículo 6 de los lineamientos establece que el Consejo estará integrado únicamente por la titular de SENER, subsecretarías y los organismos públicos del sector, como PEMEX, CFE, Cenagas y Cenace, mientras que el Artículo 9 precisa que las personas invitadas, incluidas aquellas que representen al sector privado, solo tendrán derecho a voz, pero no a voto. Además, la Presidencia del Consejo se reserva el derecho de concederles la palabra durante las sesiones.
Este diseño establece que las empresas privadas no participarán en la toma de decisiones estratégicas sobre planeación energética, aún cuando los acuerdos del Consejo tendrán carácter vinculante para todo el sector.
El Consejo de Planeación Energética se conforma como el órgano responsable de coordinar y dar seguimiento a todos los instrumentos clave del sector, incluidos el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, el Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos y la Estrategia Nacional de Transición Energética. En la práctica, esto implica que la planeación deja de ser indicativa y se convierte en obligatoria.
La presidencia del Consejo recaerá en la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, quien además contará con voto de calidad, reforzando la centralización de decisiones. Los acuerdos se aprobarán por mayoría simple y serán inobjetables, lo que eleva su peso regulatorio y reduce los márgenes para ajustes posteriores.
El esquema se apoya en dos comités técnicos permanentes, de Planeación del Sector Energético y de Información del Sector Energético, encargados de sustentar las decisiones con análisis, diagnósticos y datos oficiales. En paralelo, el Consejo concentrará la generación, homologación y seguimiento de la información energética nacional, convirtiéndola en un insumo estratégico para la política pública.
Los lineamientos establecen que el Estado asume un rol dominante en la planeación y conducción del sector energético, mientras que la iniciativa privada queda sujeta a las directrices oficiales, con participación limitada y sin influencia directa en las decisiones que definirán el rumbo de inversiones, infraestructura y transición energética en los próximos años.
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