Enero de 2026 no es un mes más para el sector energético mexicano. Las primeras actuaciones del año del Comité Técnico de la Comisión Nacional de Energía (CNE) están marcando el tono de una etapa que apunta a mayor formalidad institucional, énfasis en la trazabilidad administrativa y una lectura más estricta del cumplimiento operativo.
La Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico, celebrada el 14 de enero de 2026, aprobó un conjunto amplio de resoluciones en materia de electricidad, hidrocarburos y verificación administrativa, que incluyeron otorgamientos, modificaciones, revocaciones y terminaciones de permisos, así como metodologías y modelos contractuales. Leídas en conjunto, estas decisiones permiten identificar tres mensajes regulatorios clave.
- Primero: el regulador está reordenando la casa.
La validación de actas, la sistematización de registros y el cierre de expedientes pendientes reflejan una prioridad institucional por reconstruir procesos internos y reforzar la solidez jurídica de las resoluciones. Para los regulados, el mensaje es claro: la forma vuelve a ser fondo y el cumplimiento documental deja de ser un tema accesorio.
- Segundo: el permiso vuelve a ser un instrumento vivo, no un derecho inerte.
Las resoluciones adoptadas muestran que los títulos habilitantes ya no se entienden como autorizaciones estáticas, sino como instrumentos condicionados al cumplimiento continuo de hitos técnicos, plazos de entrada en operación y obligaciones regulatorias. Obtener un permiso es apenas el inicio; sostenerlo y mantenerlo en cumplimiento será el verdadero desafío para los participantes del sector.
- Tercero: se perfila una regulación más técnica y menos política.
La aprobación de metodologías, criterios técnicos y modelos contractuales apunta a un regulador que busca recuperar autoridad técnica. Este giro es relevante porque desplaza el eje de la discusión: de la confrontación política hacia la calidad técnica de las decisiones regulatorias.
Cuando un regulador define metodologías claras —por ejemplo, para pérdidas operativas, contratos de último recurso o condiciones técnicas de los permisos— reduce el espacio de interpretación y eleva el estándar de cumplimiento. Esto implica mayores exigencias para los agentes, pero también introduce un beneficio estructural: reglas conocidas, medibles y defendibles. Bien ejecutado, este enfoque puede traducirse en mayor certidumbre para la planeación de inversiones, aún en un entorno regulatorio más estricto, porque permite anticipar riesgos, costos y tiempos con mayor precisión.
A este contexto se suma un elemento frecuentemente subestimado: la planeación regulatoria. La CNE aprobó formalmente, desde diciembre de 2025, su Calendario de Sesiones Ordinarias para 2026, que contempla 24 sesiones distribuidas de enero a diciembre. Este calendario no sólo ordena la agenda interna del regulador; establece un marco temporal explícito para la toma de decisiones que impactan directamente a los participantes del sector.
Para la industria, esto abre una oportunidad estratégica. Conocer de antemano cuándo se discutirán y resolverán asuntos clave permite migrar de una lógica reactiva —esperar la resolución— a una lógica preventiva: preparar expedientes, alinear proyectos, fortalecer cumplimiento y anticipar escenarios regulatorios. En un mercado donde el tiempo regulatorio es tan relevante como el financiero, el calendario se convierte en un insumo crítico e indispensable de gestión.
El riesgo, sin embargo, es evidente. Si esta nueva etapa se limita a un ejercicio de control y depuración sin reglas predecibles, el efecto puede ser contractivo. Pero si se acompaña de criterios claros, tiempos razonables y diálogo técnico y abierto con la industria, la CNE puede convertirse en un habilitador real de la transición energética mexicana.
Desde una perspectiva propositiva, el momento exige al menos tres acciones:
- Regulación con enfoque de riesgo, que distinga entre incumplimientos formales y fallas estructurales.
- Uso estratégico del calendario regulatorio, como mecanismo de certidumbre y no sólo de agenda interna.
- Profesionalización del cumplimiento, integrando la regulación como parte central de la estrategia empresarial y de inversión.
Este inicio de 2026 no define todo el año, pero sí marca el rumbo. La señal es clara: el sector entra en una fase donde competir implica, ante todo, entender —y anticipar— el lenguaje del regulador.
