El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, fue destituido luego de que se detectaran anomalías en el operativo mediante el cual se aseguraron 59 millones de litros de presunto huachicol en esa entidad, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Durante la mañanera de hoy, el funcionario explicó que la decisión se tomó tras identificar inconsistencias en la actuación de la delegación estatal, particularmente en los tiempos y en la verificación de la información antes de hacer público el aseguramiento.
“Fue destituido porque la FGR encontró ciertas anomalías en este operativo (…) se informa dos semanas después sin haber verificado todo absolutamente”, señaló.
De acuerdo con Harfuch, la Fiscalía General de la República revisa ahora desde el primer aseguramiento toda la documentación entregada por las empresas involucradas, con el fin de determinar si existen irregularidades en la procedencia del combustible.
Decomiso, en duda
El caso se originó a partir del aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo en una instalación vinculada a la firma Simsa, en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, presentado inicialmente como un decomiso histórico de huachicol.
Sin embargo, posteriormente surgieron dudas sobre la legalidad del combustible y el manejo del operativo, ya que el aseguramiento se habría realizado semanas antes de su anuncio público y sin que se hubiera concluido la verificación documental correspondiente.
Además, el expediente fue atraído por áreas especializadas de la FGR, como la Fiscalía en Materia de Delincuencia Organizada y la de Hidrocarburos, que ahora analizan la trazabilidad del producto y la validez de los permisos presentados por las empresas.
El propio gobierno federal ha reconocido que aún no se confirma si los 59 millones de litros corresponden efectivamente a combustible ilegal, por lo que la investigación sigue en curso.
La propia empresa SIMSA, dueña de la terminal de almacenamiento intervenida por las autoridades, afirmó que posee todos los permisos en regla y que el combustible no es de su propiedad, sino de empresas que rentan sus instalaciones.
La destitución de Vera Ayala ocurre en medio de la revisión integral del caso, que pasó de ser anunciado como el mayor golpe contra el huachicol en el país a un expediente bajo escrutinio por posibles fallas en su integración y comunicación oficial.
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