La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) dejó de ser una referencia a futuro y comenzó a materializarse desde septiembre de 2025, cuando México abrió su proceso interno de preparación y lanzó una consulta pública el 17 de septiembre. La Secretaría de Economía señaló que las discusiones con los socios podrían haber iniciado entre finales de septiembre y principios de octubre de 2025, mientras que el calendario oficial estadounidense marca el 1 de julio de 2026 como inicio formal de la revisión trilateral. En otras palabras, México entra a la mesa en el momento preciso en que redefine su modelo energético y regulatorio.
El sector energético será uno de los ejes más observados. El país avanzó este año hacia una recentralización regulatoria profunda: la constitución de la Comisión Nacional de Energía (CNE) como órgano regulador, la planeación vinculante dirigida por la Secretaria de Energía (SENER) y la sustitución total del régimen de permisos bajo criterios de soberanía, justicia enérgetica y prevalencia estatal. Este giro coincide con el arranque de la revisión del T-MEC y abre un conjunto inevitable de preguntas sobre trato a la inversión internacional, certidumbre jurídica y compatibilidad con las reglas comerciales de Norteamérica.
En este sentido, Estados Unidos y Canadá pondrán especial atención en tres dimensiones:
- El trato nacional, cualquier medida que limite la participación privada o privilegie en demasia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o Petróleos Méxicanos puede ser cuestionada bajo los capítulos de inversión y empresas del Estado.
- La transición energética, un pilar de política industrial para ambas economías; para ellos, la expansión de renovables, redes modernas y almacenamiento es inseparable de la visión comercia.
- La neutralidad regulatoria, dado que la desaparición de la CRE y el fortalecimiento de la CNE y de la SENER como centros de decisión podría interpretarse como una concentración que dificulta la competencia en igualdad de condiciones para otros participantes del mercado.
Aun así, el contexto geopolítico abre oportunidades. La región atraviesa una carrera por las cadenas de suministro de tecnologías limpias, el nearshoring y la seguridad energética. México es un actor indispensable para la manufactura, la integración industrial y la resiliencia regional. Si logra enviar señales claras de estabilidad y previsibilidad, puede convertir esta revisión en una plataforma de crecimiento y consolidación de oportunidades estrategicas más que en un espacio de controversia.
Los desafíos internos, sin embargo, son significativos. México deberá evitar inconsistencias entre la planeación energética vinculante y los compromisos del T-MEC; garantizar procesos de permisos y trámites verdaderamente transparentes; y clarificar la jerarquía regulatoria entre SENER, CNE y CENACE, hoy con atribuciones que pueden superponerse. Asimismo, tendrá que equilibrar su visión de soberanía con mecanismos que aseguren trato equitativo, acceso no discriminatorio y seguridad jurídica para los proyectos con inversión extranjera, un punto especialmente sensible tras la reforma al Poder Judicial de 2024, que elevó la atención internacional sobre la certidumbre institucional del país.
La revisión también será un campo de pruebas para la narrativa mexicana sobre transición energética. El país sostiene que la soberanía y la transición pueden coexistir; sin embargo, deberá demostrar que la ruta elegida (centralizada y con fuerte rectoría estatal) puede cumplir con metas de descarbonización, electrificación y modernización que sus socios consideran estratégicas para la competitividad norteamericana.
En síntesis, la revisión del T-MEC será mucho más que un procedimiento jurídico: será un examen geopolítico sobre la coherencia de México entre su política energética, su transición industrial y sus compromisos comerciales. La magnitud del acuerdo lo exige. Sólo en 2024, el comercio de bienes y servicios entre México y Estados Unidos alcanzó US$935.1 mil millones, y el flujo total en Norteamérica se aproximó a US$1.5–1.6 billones. Estas cifras revelan que el T-MEC no es un simple marco comercial, sino la columna vertebral de la integración económica regional, donde energía, manufactura y cadenas de valor funcionan como un sistema interdependiente.
Frente a este escenario, México tiene una oportunidad estratégica: convertir su visión de soberanía energética en un mensaje de claridad regulatoria, transparencia institucional y colaboración regional de largo plazo. Si logra ese equilibrio, la recentralización no será un obstáculo, sino una plataforma para fortalecer su participación en la región.
El reto es grande, pero también la posibilidad: demostrar que la soberanía energética y la integración norteamericana no sólo pueden coexistir, sino convertirse en motores complementarios para posicionar al país en un mundo que demanda energía segura, limpia y competitiva.
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