Las propuestas fiscales para 2027 podrían facilitar algunas inversiones productivas de las empresas en México, incluidas las relacionadas con la transición energética, aunque los beneficios dependerán del tipo de activo, el régimen tributario y las disposiciones que finalmente apruebe el Congreso, señaló Marcos Ripoll, CEO y fundador de Solar180.
Entre los cambios planteados en el Paquete Económico 2027 se encuentra ampliar de 35 millones a 50 millones de pesos el límite de ingresos anuales para que las personas morales puedan tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), además de incrementar los porcentajes de deducción para determinadas inversiones dentro de ese régimen. Las propuestas forman parte del Paquete Económico 2026 que está en proceso legislativo.
Beneficios en paneles solares
Para las empresas que buscan reducir su consumo de electricidad de la red mediante paneles solares, almacenamiento de energía o equipos eléctricos, los incentivos fiscales pueden influir en el costo y el plazo de recuperación de sus inversiones. Sin embargo, no todas las tecnologías reciben el mismo tratamiento y la aplicación de cada beneficio debe revisarse conforme a las reglas fiscales correspondientes.
La Ley del Impuesto sobre la Renta ya contempla una deducción de 100% para maquinaria y equipo destinados a generar energía a partir de fuentes renovables o mediante sistemas de cogeneración de electricidad eficiente, bajo las condiciones previstas en la legislación. Por ello, el alcance de las propuestas para 2027 debe distinguirse de los incentivos que ya están vigentes.
Ripoll consideró que las condiciones fiscales son uno de los elementos que pueden favorecer la inversión de las empresas en generación eléctrica propia. La instalación de sistemas fotovoltaicos permite producir energía en el mismo sitio donde se consume y disminuir la exposición a los costos del suministro convencional.
En el caso de pequeños comercios, el directivo estimó que una instalación solar puede recuperar su inversión en un periodo de dos a tres años, dependiendo de las características del negocio y de su consumo eléctrico. También señaló que, a lo largo de más de dos décadas, los ahorros acumulados pueden superar 15 veces el desembolso inicial. Estas estimaciones corresponden a su evaluación y pueden variar de acuerdo con las tarifas, el tamaño del sistema, los costos de instalación y las condiciones de operación.
La incorporación de baterías también comienza a formar parte de las decisiones de inversión. Según Ripoll, alrededor de 30% de los proyectos de Solar180 incluye almacenamiento, una tecnología que permite aprovechar la energía generada y contar con respaldo ante interrupciones del suministro. El directivo identificó una mayor demanda en zonas con problemas de continuidad eléctrica, como la península de Yucatán.
El interés por generar electricidad en sitio también está relacionado con la expansión industrial y la instalación de centros de datos, actividades que requieren un suministro eléctrico suficiente y confiable. En ese contexto, los sistemas solares instalados en techos pueden incorporarse desde la construcción de nuevas naves industriales y complementar el abastecimiento de los inmuebles.
Obstáculos
No obstante, Ripoll señaló que el desarrollo de la generación distribuida enfrenta obstáculos que no se resuelven únicamente con incentivos fiscales. Entre ellos están los tiempos de interconexión con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que, de acuerdo con su experiencia, pueden extenderse de dos a cuatro meses después de concluir la instalación. En algunas regiones, la falta de medidores bidireccionales puede prolongar el proceso hasta seis meses.
El empresario consideró que acelerar los trámites y las interconexiones es fundamental para que las inversiones comiencen a generar ahorros en menor tiempo. Aunque la instalación física de los equipos puede realizarse con relativa rapidez, las demoras administrativas retrasan el aprovechamiento de la energía producida.
En ese sentido, los cambios fiscales para 2027 podrían representar una oportunidad para ciertas inversiones, pero su impacto en la electrificación empresarial dependerá tanto de las disposiciones aprobadas como de la capacidad de las compañías para instalar sus sistemas y conectarlos a la red eléctrica.
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