La calificadora Moody’s recortó la calificación crediticia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Baa2 a Baa3, el nivel más bajo dentro del grado de inversión, en un ajuste que refleja el deterioro del perfil soberano de México.
El movimiento vino acompañado de un cambio en la perspectiva, que pasó de negativa a estable, lo que sugiere que, por ahora, no se anticipan nuevas rebajas en el corto plazo. Sin embargo, el ajuste confirma la alta sensibilidad de la empresa eléctrica a la calidad crediticia del gobierno federal.
Moody’s atribuye la baja principalmente a la estrecha dependencia financiera entre la CFE y el Estado, al ser este su principal fuente de respaldo. En ese sentido, el riesgo soberano se traslada prácticamente de forma directa al balance de la empresa productiva.
A nivel operativo, la agencia identifica varios focos de presión, entre ellos destaca la fuerte exposición al gas natural, insumo clave para la generación eléctrica, y su volatilidad en mercados internacionales. A esto se suma el riesgo cambiario derivado de compras de combustible en dólares, así como un entorno geopolítico incierto que puede impactar tanto precios como suministro. Las coberturas financieras actuales, advierte, no son suficientes para mitigar completamente estos factores en los flujos de efectivo.
Otro elemento relevante es el plan de inversión de la CFE, que contempla alrededor de 30 mil millones de dólares hacia 2030. Si bien este programa busca fortalecer la infraestructura eléctrica del país, Moody’s advierte que implica riesgos de ejecución y podría traducirse en un incremento moderado del apalancamiento.
El ajuste forma parte de un movimiento más amplio, pues la calificadora también redujo las notas de instituciones como el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Nacional Financiera (Nafin) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), así como de bancos relevantes como BBVA México, Banorte, Santander México, Banamex y Banco del Bajío.
En el caso del sistema financiero, Moody’s aclaró que no observa un deterioro en la operación de las instituciones, sino que el ajuste responde al entorno macroeconómico y al riesgo país. Todas ellas se mantienen dentro del grado de inversión, aunque en su nivel más bajo.
En conjunto, la decisión subraya un punto clave, ya que mientras persista la presión sobre la calificación soberana, tanto la CFE como otras entidades estratégicas seguirán sujetas a ajustes que no necesariamente reflejan su desempeño operativo, sino su vinculación estructural con las finanzas públicas del país.
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