La llegada de una mujer a la presidencia de México en 2024
Todo parece indicar que el 2 de junio elegiremos a la primera presidenta de México. Algo que hace un par de años se vislumbraba casi imposible, hoy es una realidad. Más allá de las circunstancias políticas en las que se han dado las candidaturas presidenciales, vale la pena reflexionar lo que podría significar la llegada de una mujer a la presidencia de un país en el que mueren 10 mujeres al día por feminicidio, 88.6 por ciento de los delitos contra la mujer quedan impunes 1 y la brecha salarial de género alcanza el 15.8 por ciento.
La representación de mujeres en los procesos de toma de decisiones a nivel mundial aún es muy baja y por lo tanto insuficiente. Según datos de Naciones Unidas, a enero de 2024, sólo 28 mujeres se desempeñan como Jefas de Estado y/o de Gobierno en 26 de los 193 países miembros de la ONU. Las mujeres representan el 22.8 por ciento de los miembros de gabinete, mientras el 26.5 por ciento de los escaños parlamentarios nacionales están ocupados por mujeres.
Al ritmo actual, lograr la igualdad de género en las más altas esferas de decisión tardará otros 130 años. En México, las mujeres han ganado terreno en los procesos políticos desde 2014 cuando las reformas electorales introdujeron la obligación de garantizar la paridad de género.
Actualmente, México destaca como el cuarto país con mayor porcentaje de mujeres en el parlamento, con 50.4 por ciento en la cámara baja y 50.8 por ciento en cámara alta. Su porcentaje en cuanto a ministras de gabinete también sobresale con el 42.1 por ciento.
Sin embargo, estos avances en la representación política no se han traducido favorablemente en la lucha contra la violencia hacia a las mujeres y el respeto a sus derechos económicos y sociales. Las cifras que actualmente abundan con motivo del 8 de marzo son abrumantes: tres mil 439 mujeres fueron víctimas de feminicidios y homicidios dolosos en 2023, y en promedio entre nueve y 10 mujeres son asesinadas cada día.
La evidencia muestra que la presencia de mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas generalmente mejora dichos procesos. Según Naciones Unidas, las principales agendas impulsadas por mujeres en puestos de alto nivel son la igualdad de género, la familia e infancia, la inclusión social, la protección social y seguridad social, y asuntos indígenas y minorías; temas como medioambiente y educación también aparecen entre los primeros lugares.
Aunque las actuales contendientes a la presidencia de México no son las primeras candidatas, sí han sido las que tienen mayor grado de competitividad, por representar a las dos principales fuerzas políticas, con posibilidades reales de ganar las elecciones. México tendría una mujer al mando del Gobierno federal, incluso antes que Estados Unidos y Canadá, aunque detrás de varios países en América Latina, donde mujeres han llegado a la silla presidencial (siete por elección y seis por sucesión o designación).
Si bien, una mujer en la presidencia no es garantía de que la violencia contra las mujeres disminuya o que se avance automáticamente en la equidad de género, simbólicamente sí representa un cambio. Significa que, pese a las disparidades y barreras estructurales, es posible que las mujeres sean representadas en los más altos niveles de poder.
Su llegada este 2024 representa más que esperanza, una oportunidad. Una oportunidad para avanzar en temas relacionados con los derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres, la violencia de género, la brecha salarial y el acceso a servicios, pero también una oportunidad para hacer una nueva forma de política; una que deje atrás la polarización que hemos vivido en los últimos años y en la que se dé paso a la búsqueda de consensos.
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Es Doctora en Política Ambiental de la Universidad de York en el Reino Unido con maestría en Estudios Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Se especializa en temas de energía, transición energética y cambio climático, desde la perspectiva de políticas y finanzas. Como investigadora, ha participado en distintos proyectos relacionados con políticas de transición energética en México, análisis de marcos legislativos, políticos y regulatorios.